El Gobierno Nacional cedió sin cargo mercadería decomisada por la Aduana de Posadas a una fundación local cuyos dirigentes tienen participación activa en el espacio político que gobierna la Nación. La operación es legal, está publicada en el Boletín Oficial, y sin embargo abre preguntas que la documentación oficial no responde.
Qué pasó
La Secretaría General de la Presidencia autorizó la transferencia de bienes provenientes de rezagos aduaneros de Posadas a la Fundación Innovación Misionerista, una entidad con sede en la capital misionera. La cesión se formalizó mediante una disposición firmada por Eduardo "Lule" Menem, titular de la Subsecretaría de Gestión Institucional, en el marco de la Ley 25.603. Esa ley permite entregar mercadería decomisada a organizaciones sin fines de lucro cuando los bienes están destinados a asistencia social y no a la venta.
La resolución fue publicada en el Boletín Oficial. No la firmó Karina Milei directamente, pero la Secretaría General de la Presidencia es el organismo que conduce la hermana del presidente, y es desde esa cartera que se autorizó la operación.
Lo que el documento oficial no dice
El texto de la resolución no especifica qué tipo de mercadería se entrega, en qué cantidad ni cuál es su valor económico. Esa información no figura en el Boletín Oficial.
Lo que sí se sabe sobre los bienes proviene exclusivamente de un comunicado emitido por la propia fundación: según la entidad, se trata de ropa, calzado, textiles y artículos de bazar, con un volumen cercano a las 2.700 unidades. La fundación afirmó que serán distribuidos en comedores y entre personas en situación de vulnerabilidad en distintos puntos de Misiones.
Quiénes están detrás de la fundación
El presidente de la Fundación Innovación Misionerista es Claudio Lionel Beron, licenciado en Sistemas de Información, quien ejerce simultáneamente como presidente del Congreso Libertario de Misiones. El secretario de la entidad, Daniel Isauro López, también tiene una militancia pública documentada en redes sociales alineada con La Libertad Avanza.
La fundación fue creada en diciembre de 2019 y obtuvo su personería jurídica en once días, un trámite que habitualmente demora varios meses.
En su sitio web, la entidad se presenta como orientada a tecnología, innovación, Industria 4.0 e IoT. No exhibe historial público de actividades asistenciales previas.
La defensa de la fundación
Ante los cuestionamientos, la entidad emitió un comunicado en el que sostuvo que el proceso se realizó dentro del marco legal vigente, que no existe discrecionalidad en la selección de beneficiarios, y que cualquier organización puede solicitar bienes de este tipo presentando una solicitud formal que es evaluada por las autoridades antes de ser aprobada. Afirmó que los bienes tienen un destino estrictamente social y que deberá rendir cuentas sobre su distribución final.
La pregunta que queda abierta
La ley que ampara esta operación existe, el trámite administrativo se cumplió y no hay denuncias judiciales presentadas. Sin embargo, el caso expone una tensión concreta: el organismo que firmó la autorización pertenece al mismo espacio político que conduce la entidad beneficiada, y la resolución oficial omite los datos más básicos sobre qué bienes se entregaron y por qué esta fundación fue seleccionada por sobre otras organizaciones sociales de la provincia con mayor trayectoria en asistencia comunitaria.
Ni la fundación ni la Secretaría General de la Presidencia precisaron de manera pública los criterios utilizados para la selección.
