Por Daniel Orloff
Escuché y revisé casi cuatro horas y media de la última sesión de la Cámara de Representantes de Misiones. Es demasiado tiempo para limitarse a contar qué dijo cada diputado, pero probablemente sea el tiempo necesario para descubrir algo que queda oculto cuando uno lee apenas el resumen de los proyectos: la política misionera parece haberse vuelto extraordinariamente eficiente para discutir las consecuencias de sus problemas y bastante menos eficiente para discutir por qué esos problemas siguen existiendo. Por si fuera poco estrenaron un nuevo sistema de visualización de votos, lo de "visualización" es una expresión de deseo porque no dejan lugar para los zócalos de los canales que retransmiten la señal y nunca sacan de cuadro a la traductora de lengua de señas, así que terminar de identificar el voto de cada diputado es, paradójicamente, más difícil. Una mejora que no cuesta nada y que la próxima sesión podría corregir.
Sinceramente la política misionera actual parece una partida de Among Us: todos sospechan de todos, todos señalan al supuesto impostor y cada uno explica por qué el "sabotaje" lo hizo el otro. Hoy uno es tripulante, mañana es impostor; hay que cambiar de piel, meterse por una alcantarilla, convocar una reunión de emergencia o acusar antes de ser acusado si eso sirve para ganar la partida. El problema es que en la vida real no hay una partida que ganar, sino una provincia que administrar. Y después de cuatro horas y media de sesión mi impresión es que estamos viendo un grupo de amigos que compiten para ver quién interpreta mejor el rol que le toca, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo cómo hacer que la nave llegue a destino.
Una pelea por una palabra y una Legislatura convertida en escenario nacional
El primer episodio importante fue el de Ariana "Ari" Godoy y el ya conocido video de Puerto Iguazú. Durante la visita de Javier Milei se registró el paso de una combi con dirigentes de La Libertad Avanza frente a una manifestación y se la escuchó diciendo: "qué asco que da esta negrada". El video se viralizó y llegó al recinto de la mano de Rudi Bundziak, que presentó un proyecto de repudio.
El video en cuestión:
No voy a convertir automáticamente una expresión repudiable en una conclusión que el video por sí solo muestra. La palabra es ofensiva pero también es cierto que "negrada" tiene usos coloquiales en Argentina y estos no necesariamente describen el color de piel como lo quisieron mostrar en la cámara de diputados o en los medios, sino que funciona como una "observación" hacia un grupo de personas al que se atribuye determinadas conductas.
Lo que si me preocupa es que esto termine ocupando tiempo en una sesión legislativa, no puedo creer que los diputados decidan estar discutiendo una frase que se dijo dentro de una combi. La Cámara de Diputados no debería convertirse en el lugar donde se resuelven las peleas de las redes sociales. No estoy diciendo que las expresiones ofensivas deban ignorarse; estoy diciendo que existe una enorme diferencia entre repudiar una conducta y otra en convertirla en el centro del trabajo legislativo. Si una expresión constituye un delito, hay tribunales; si constituye una conducta reprochable, hay mecanismos para cuestionarla. El recinto debería reservar su tiempo, por más mínimo que sea, para discutir aquello que se puede modificar mediante leyes y políticas públicas. Todo lo demás, está demás.
Hartfield y la misma pelea pero con otro color
Algo parecido ocurrió con el diputado nacional Diego Hartfield. El diputado Hugo Benítez aprovechó una intervención vinculada al deporte para recordarle que alguna vez recibió una beca del Estado para desarrollar su carrera como tenista y confrontarlo con sus actuales posiciones críticas respecto de determinados subsidios a clubes. La comparación es bastante pobre: una beca para que un deportista pueda formarse y competir no es necesariamente equivalente a financiar de manera permanente el funcionamiento de una institución. El hecho de que alguien haya recibido una ayuda estatal no lo convierte automáticamente en un hipócrita. La verdadera discusión es muchísimo más interesante: ¿qué ayudas del Estado producen beneficios y cuáles solamente perpetúan gastos? Una beca es por tiempo limitado, permite que alguien adquiera una capacidad, en cambio un subsidio permanente debería estar destinado a sostener un gasto estructural que sirva a la comunidad, sino solo se estaría financiando una actividad que nunca llega a ser rentable.
El Problema de la Yerba Mate: coincidir en el síntoma no es coincidir en la causa
La discusión que planteó Héctor "Cacho" Bárbaro sobre la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial fue, para mí, el punto más interesante de toda la sesión porque es donde mejor se puede demostrar la diferencia entre tener un dato correcto y aprovecharlo para sacarlo de contexto. Bárbaro tiene un argumento interesante al decir que el productor yerbatero está atravesando una situación muy difícil, que la tarifa sustitutiva de $44,09 por kilo, vigente desde el 1° de junio, pesa muchísimo más cuando el precio de la hoja verde cae y los márgenes desaparecen. Claramente tiene razón en el síntoma pero no sirve para describir la enfermedad y es que su solución es pedirle al Estado que absorba un costo en lugar de preguntarse por qué ese costo existe.
De hecho fue el propio Bárbaro, en la sesión del 27 de agosto dijo que: "la gran mayoría de los productores yerbateros no tiene peones; son ellos mismos y sus familias quienes trabajan la chacra, limpian y cosechan". Entonces hago una pregunta: "si no existe un trabajador contratado, ¿por qué existe un aporte calculado sobre cada kilo producido para financiar una obligación derivada de una relación laboral?" Si un productor tiene trabajadores en relación de dependencia, que los registre si quiere, que cumpla con sus obligaciones y que los trabajadores tengan la protección correspondiente; pero si un productor trabaja solo o con su familia, no veo el sentido de cobrarle por una relación laboral, lo único que hacen es castigar al que trabaja con una carga más por producir.
Y hay otro dato que me preocupa. Bárbaro dijo que no podían conseguir información sobre quiénes son exactamente los trabajadores que están siendo cubiertos por el convenio. Si quienes defienden el mecanismo no pueden demostrar con precisión cuántas personas están protegidas en relación con los recursos que genera, entonces el problema ya no es solamente económico; también es de transparencia. Por eso digo que los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos. El número de $44,09 puede ser correcto, el porcentaje que representa sobre el margen puede ser correcto, la caída del precio de la hoja puede ser cierta; pero ninguna de esas verdades demuestra que la respuesta correcta sea trasladar el costo a los recursos del INYM como pretenden. Además ¿por qué una actividad que genera semejante movimiento económico necesita que alguien le pague parte de sus costos para seguir funcionando? Quizás se deba plantear quitar la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial de un todo. Es una posibilidad.
Bárbaro también advirtió sobre el transporte de larga distancia, diciendo que cada vez hay menos colectivos saliendo hacia Buenos Aires y que los trabajadores están quedando sin empleo. El dato de fondo (menos frecuencias de Crucero del Norte) es real, pero la causa que le atribuye no. El propio socio de la empresa, Julio Koropeski, salió a desmentir que la suspensión de los servicios nacionales tenga que ver con una crisis económica, la quita de subsidios o cuestiones políticas: dijo que se trata de un conflicto familiar dentro del directorio, y que la situación financiera de la firma puede verificarse en el Banco Central. Es exactamente el mecanismo que vengo describiendo en esta nota: se toma un hecho real (menos boletos vendidos, terminales más vacías) y se le atribuye una causa que no es real. Y de paso, tampoco se analiza por qué cae la demanda del servicio en general: cada vez hace falta viajar menos para hacer trámites que hoy se resuelven online, y las compras ya no exigen necesariamente ir a otra ciudad para buscar precios, los trabajadores se movilizan con sus motos o vehículos, solo se viaja en urbanos o semiurbanos por estudios o algunos estudios médicos. Los tiempos cambian aunque les cueste notarlo.
El problema es mucho más grande que la yerba
Lo interesante de la última sesión es que la yerba no fue una excepción, sino simplemente el ejemplo más visible. Aparecieron reclamos por el costo energético, por la presión tributaria, por la situación del sector forestal, por el transporte, por la infraestructura, por la producción lechera, por la capacitación laboral. En todos esos casos hay problemas reales y merecen un debate más profundo.
Misiones tiene producción, tierra, recursos naturales, trabajadores, empresarios, una ubicación geográfica privilegiada para comerciar con dos países vecinos, turismo, agroindustria, forestación, yerba y té, una diversidad productiva enorme. Entonces, ¿por qué llevamos décadas discutiendo cómo sostener estas actividades? ¿Por qué la respuesta casi siempre termina siendo un subsidio, un programa, un fondo, una capacitación, un crédito o un alivio temporal? No tengo nada contra ninguna de esas herramientas cuando son necesarias; mi problema es que llevamos demasiado tiempo utilizándolas sin preguntarnos qué resultado final estamos obteniendo.
Porque una política productiva seria no debería medirse solamente por cuánto dinero puso el Estado, sino también por cuántos productores dejaron de necesitar esa asistencia, cuántas empresas crecieron sin subsidios permanentes, cuánto capital privado se instaló, cuánto empleo privado nuevo apareció y cuánto valor agregado queda en la provincia. Después de 25 o 30 años deberíamos tener algunos sectores que ya no necesiten que la política los sostenga; y si no los tenemos, entonces tenemos que aceptar que algo no funcionó.
Por eso estos debates en la Legislatura Misionera me hacen pensar que pasarán otros treinta años y seguiremos teniendo exactamente el mismo debate mientras que nuestros vecinos en Corrientes, Brasil y Paraguay compiten por nuestros trabajadores, por nuestros consumidores, por nuestras inversiones y por nuestros mercados.
Ustedes recordarán el enorme debate a comienzo de este 2026 sobre ese supuesto “éxodo” laboral que nunca fue, pero que de alguna manera sí fue y que recién ahora se estaban dando cuenta. Cuando un trabajador de Misiones piensa en cruzar una frontera para conseguir una temporada mejor, no está haciendo ideología: está haciendo una cuenta. Cuando una empresa decide invertir del otro lado de la frontera porque acá el costo, la burocracia o la logística no le cierran, tampoco está haciendo ideología: está haciendo una cuenta. Y esas cuentas son las que la política debería empezar a mirar con seriedad, en lugar de negarlas o relativizarlas cada vez que aparecen.
PISA: otra vez discutimos quién paga, no qué resultado obtenemos
Lo mismo ocurrió con la discusión educativa. Cristian Castro tuvo un mérito que hay que reconocer: no presentó el problema como propiedad exclusiva de un gobierno. Los resultados de PISA muestran un deterioro que atraviesa administraciones y generaciones. Después la discusión giró hacia el financiamiento nacional, los salarios docentes, los recursos provinciales y las responsabilidades de cada jurisdicción. Todo eso importa. Pero el chico que no aprende a leer no sabe quién recortó el presupuesto, y el alumno que no alcanza los niveles básicos de matemática no tiene por qué esperar cuatro años a que Nación y Provincia terminen de discutir.
Entonces, otra vez, aparece mi misma pregunta: ¿qué resultado estamos obteniendo? Podemos discutir cuánto dinero entra, cuánto sale, salarios, programas y partidas; pero si no somos capaces de medir qué aprende un alumno con todo eso, estamos midiendo el esfuerzo del Estado y no el resultado de la educación. Y lo mismo sucede con cada política pública.
Los juzgados: una buena noticia que también dejó una advertencia
La creación de nuevos juzgados en San Vicente y Montecarlo fue probablemente uno de los pocos puntos de la sesión donde el debate tuvo un resultado concreto que difícilmente pueda cuestionarse. En San Vicente, particularmente, la creación de un juzgado de familia y violencia familiar y de otro correccional y de menores puede significar una diferencia enorme para una zona que durante años tuvo que soportar una estructura judicial insuficiente.
Pero la sesión dejó también el dato más importante: crear el juzgado no significa ponerlo a funcionar. Samanta Steckler recordó que existen cargos judiciales creados por leyes anteriores que todavía esperan concursos y designaciones; en algunos casos, según expuso, llevan años esperando. Y entonces aparece nuevamente el mismo problema que encontramos en el resto de la sesión: la política suele sentirse satisfecha cuando completa el acto formal. Se sancionó la ley, perfecto, pero ahora falta lo más importante: designar jueces, cubrir cargos, contratar personal, conseguir presupuesto, abrir las puertas y conseguir que ese vecino que espera dos años no vuelva a esperar otros dos. Una ley que crea un juzgado es una condición necesaria. No es el resultado. Y esa diferencia debería estar mucho más presente en la política.
Algo parecido ocurrió con el reclamo por el agua de Puerto Piraí. Hace meses que más de 20 barrios (casi el 40% de la población) tienen problemas de provisión, se detectaron barro y residuos en los reservorios, hubo casos de gastroenteritis, incluida una niña asistida en un centro médico, y un estudio de la UP N°15 determinó que el agua no era apta para consumo. El propio Concejo Deliberante de Puerto Piraí ya declaró la emergencia hídrica. La Cámara pidió informes desde junio y todavía no tiene respuestas. Recién el día anterior a la sesión el EPRAC empezó a tomar muestras. Es el mismo patrón que ya señalé con los juzgados: la declaración de preocupación no reemplaza a la solución, y mientras se debate a qué organismo corresponde intervenir, los vecinos siguen tomando un agua que un estudio técnico ya calificó de no apta.
Una provincia no se desarrolla administrando permanentemente sus problemas
Cuando uno conecta todos estos puntos, la sesión empieza a contar con un punto en común. La expresión "negrada" generó un enorme debate político, pero no mejoró la situación del que estaba manifestándose. La discusión sobre la beca de Hartfield ocupó espacio, pero no resolvió el problema del financiamiento de los clubes. El pedido para que el INYM compense la tarifa puede aliviar a un productor, pero no modifica la estructura que hace que ese productor necesite ser subsidiado. La creación de los juzgados es necesaria, pero todavía habrá que ver cuándo comienzan a funcionar. Los pedidos de informes pueden aportar información, pero no garantizan resultados. Los programas de capacitación pueden ser buenos, pero no crean por sí solos empleos productivos. Las declaraciones de apoyo pueden ser legítimas, pero no generan inversión.
Y ahí está mi crítica: nos hemos acostumbrado demasiado a confundir la acción del Estado con el resultado. Que el Estado haga algo no significa que el problema esté resuelto; que una ley se sancione no significa que funcione; que se entregue dinero no significa que haya desarrollo; que se dicte una capacitación no significa que aparezca empleo; que se subsidie una actividad no significa que esa actividad se vuelva competitiva; que se discuta durante cuatro horas no significa que hayamos discutido lo importante.
