Por Daniel Orloff
Cinco horas y media. Ese fue el tiempo que duró la sesión del jueves 27 de agosto en la Cámara de Representantes de Misiones. Más de cuarenta oradores, decenas de expedientes, iniciativas incorporadas sobre tablas, declaraciones de interés, homenajes, cruces políticos... ¿cuánto de todo lo que ocurre dentro del recinto cambia realmente la vida de los misioneros? Porque una Legislatura puede funcionar durante cinco horas y media y, aun así, producir relativamente poco. El problema no es que los diputados hablen, debatan o defiendan sus posiciones; para eso fueron elegidos. El problema aparece cuando una institución financiada íntegramente por los contribuyentes dedica buena parte de su tiempo a discutir bancas, pasillos, privilegios, reglamentos y relatos políticos, mientras las cuestiones que determinan cuánto cuesta el Estado y qué resultados entrega quedan en segundo plano.
Hay una vara que debería servir para medirlos a todos. Si exigimos eficiencia a una empresa, podemos exigir eficiencia al Estado. Si preguntamos cuántos empleados tiene un organismo público, también podemos preguntar qué produce con esos empleados. Si cuestionamos cuánto cuesta un servicio, tenemos derecho a preguntar cuánto cuesta mantener la estructura que debe controlarlo. Y si un diputado denuncia que otro organismo tiene demasiados empleados para los resultados que obtiene, entonces también debería aceptar que alguien mida la productividad de la propia Legislatura. No es una cuestión de izquierda o derecha. Es una cuestión bastante más sencilla: si algo se paga con plata de los ciudadanos, hay que poder explicar qué reciben los ciudadanos a cambio.
Una amenaza y una pregunta que molesta
La sesión comenzó con una cuestión de privilegio planteada por Ramón Amarilla (Algo Nuevo) a raíz del episodio ocurrido después de la reunión de la Comisión de Presupuesto del martes 25. Amarilla denunció que Osvaldo Sánchez, representante de la Unión Judicial de Misiones, lo había increpado con insultos y amenazas. Adrián Núñez (La Libertad Avanza) afirmó que había atravesado una situación similar.
Pero hay algo que no necesita demasiada interpretación: un legislador tiene derecho a preguntar por el funcionamiento y el presupuesto del Poder Judicial sin ser intimidado por hacerlo. Y las preguntas que estaban haciendo Amarilla y Núñez no eran precisamente menores. Núñez puso sobre la mesa la cantidad de empleados del Poder Judicial misionero y cuestionó su productividad. Según los datos expuestos, el Poder Judicial de Misiones cuenta con 4.129 empleados, frente a un promedio de 2.297 trabajadores en otras provincias tomadas como referencia, una diferencia cercana al doble. También cuestionó los resultados del sistema judicial con toda esa gente y señaló que aún así se proyectan nuevos cargos para el 2027.
Acá es donde la discusión debería entrar en el terreno de los números. Si una estructura tiene significativamente más personal que otras jurisdicciones comparables, la pregunta lógica no es si esos empleados son necesarios. La pregunta es qué resultados produce esa estructura. ¿Cuántas causas resuelve? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto cuesta cada causa terminada? ¿Qué juzgados están saturados? ¿Qué parte del presupuesto se destina a salarios y qué parte a infraestructura, tecnología y funcionamiento? Si no tenemos esas respuestas, estamos discutiendo solamente impresiones.
El sillón, el pasillo y la política
Después llegó Juan José Szychowski (Movimiento por lo que Viene, ex Frente Renovador). El diputado cuestionó indirectamente que Carlos Rovira (Encuentro Misionero, ex Frente Renovador) continúe ocupando una banca en medio de los integrantes de su bloque y reclamó que la Presidencia interviniera ante lo que consideraba una situación impropia. Rovira se encontraba en el recinto y se dio vuelta para hablarle, algo que Szychowski recriminó ya que los diputados solo se pueden dirigir a la presidencia (duró poco el saludo alegre del jueves pasado). Szychowski también denunció restricciones para circular por determinados sectores del edificio y sostuvo que un patio trasero estaría reservado, en los hechos, para "un solo diputado".
Todo eso puede ser legítimo. Los diputados tienen que poder trabajar en condiciones iguales y los espacios públicos no deberían transformarse en dominios personales. Pero también es imposible ignorar el contexto político. La discusión por una banca y por un pasillo expresa algo más profundo: la disputa por espacios de poder dentro de una Legislatura donde los equilibrios políticos están cambiando, algo así como cuando los chicos en primaria pelean por el lugar más cercano a la ventana.
La tensión, de hecho, no se quedó adentro del recinto. Durante la sesión, el diputado Rudi Bundziak (Movimiento por lo que Viene) denunció públicamente haber recibido expresiones intimidatorias de parte de Nicolás "Nickillo" Llera, y anticipó que haría la denuncia correspondiente. De hecho, Llera salió a responder en X que el conflicto era personal, no político. Más allá de cuál sea la explicación final, la escena confirma algo que ya venía insinuando, la disputa por la banca y el pasillo: la fractura del oficialismo dejó de ser solo una cuestión de bloques y discursos, aunque muchos aseguran que sigue siendo todo una actuación bien guionada.
Entendamos que mientras afuera se discute el precio de la comida, la presión tributaria, el empleo, la seguridad, la infraestructura y la capacidad del Estado para prestar servicios, adentro se consumen minutos valiosos en determinar quién se sienta dónde y quién puede pasar por qué puerta. La política puede tener sus códigos y sus internas, pero no debería olvidar que el edificio no pertenece a los diputados sino de los ciudadanos.
Cuando el reglamento aparece después del resultado
El expediente 70879, referido al beneplácito al programa de "desendeudamiento" de empleados públicos anunciado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, aportó otro ejemplo de una Legislatura atrapada entre la política y el procedimiento. La votación sobre tablas terminó inicialmente con 21 votos a favor, 11 en contra y 6 ausentes. El sistema electrónico primero informó el resultado de una manera que llevó a considerar aprobado el expediente por parte de la diputada Samantha Steckler (LLA), pero posteriormente se corrigió la interpretación y se planteó que no se había alcanzado la mayoría necesaria de dos tercios de los votos emitidos.
Entonces apareció la discusión reglamentaria. Carlos Ahumada intentó una reconsideración invocando el artículo 92 del reglamento, mientras desde la Presidencia se sostuvo que esa herramienta no resultaba aplicable al caso. Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), cuestionó posteriormente el intento oficialista de modificar el resultado y lo calificó como "bochornoso".
Hay una ironía interesante en todo esto. Todos parecen estar de acuerdo en que el reglamento debe respetarse. La diferencia aparece cuando llega el momento de interpretar qué dice. Y la ciudadanía termina viendo una escena bastante conocida: el reglamento es una herramienta de enorme importancia cuando favorece la propia posición y un problema interpretativo cuando el resultado no es el esperado.
En realidad, debería ser mucho más sencillo. Las reglas tienen que estar antes del resultado, no después. Si una votación requiere dos tercios, se cuentan los votos. Si el reglamento establece un procedimiento, se aplica. Son errores que deben tenerse en cuenta porque si la diputada Steckler no intervenía el reglamento no se cumplía y la moción terminaba aprobada.
Cinco millones de morosos no son cinco millones de familias quebradas
Pero la discusión que más claramente mostró cómo un dato transformado en relato fue la referida al tema mediático de la semana, el endeudamiento.
El diputado Cristian Castro (PAyS) utilizó datos del sistema financiero (la mora nacional en 12,8% según el BCRA, más de 5,9 millones de personas con incumplimientos registrados) para advertir sobre el crecimiento de la morosidad y planteó la necesidad de utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para ayudar a reestructurar deudas familiares. Lo que Castro no dijo es que si cuzas los datos de la Central de Deudores del Banco Central con el padrón de ARCA, permite mirar esa misma mora desde otro ángulo: El 17% de los morosos debe menos de $100.000 y casi el 40% debe menos de un salario mínimo. Castro tuvo esos datos disponibles (el informe circulaba esa misma semana) y eligió quedarse con el número que mejor sirve para pintar una crisis social masiva, en lugar del que explica dónde está realmente el problema. Para que se entienda, la Central de Deudores registra obligaciones financieras; no registra para qué utilizó cada argentino el dinero que pidió prestado. No sabemos, a partir de esa base, si una persona utilizó un crédito para comprar alimentos, una motocicleta, un teléfono, un electrodoméstico, afrontar un gasto eventual o cualquier otra cosa. Por eso tampoco corresponde inventar esa explicación en sentido contrario.
Hay un ejemplo todavía más ilustrativo. Mercado Pago (el malo de todas los artículos periodísticos actuales) concentra alrededor del 19 por ciento de las personas morosas, pero apenas el 2,9 por ciento del monto total en mora, con una deuda promedio a los 116.000 pesos. Los bancos tradicionales, en cambio, concentran aproximadamente el 65 por ciento del dinero en mora.
Es increíble que deba explicarlo pero el crédito es necesario, es uno de los motores por qué algunos países y sus habitante. Una empresa que consigue financiamiento puede invertir, ampliar su planta, contratar más gente, mejorar lo que produce. Una familia que accede a crédito puede comprar hoy lo que de otro modo tardaría muchísimo tiempo en juntar: una vivienda, un auto, un electrodoméstico. En la Argentina, directamente, eso casi no existe (o existía). La inmensa mayoría de los argentinos no tiene acceso al crédito, ni para consumo cotidiano ni para financiar una casa o un vehículo. Por ejemplo, el crédito hipotecario representa el 45% del PBI en Estados Unidos, el 28% en Chile, el 10% en Brasil y menos del 1% en la Argentina. Traducido a personas, Chile tiene 1,4 millones de créditos hipotecarios vigentes; la Argentina, con más del doble de población, no llega a 200.000. Con las tarjetas de crédito pasa algo parecido: según el BCRA, en el país hay 14 millones de personas con tarjeta (apenas el 37% de la población) mientras que en Chile se calcula que prácticamente cada adulto tiene una. Durante años la tarjeta de crédito fue demonizada con la excusa de que "no me puedo controlar" a la hora de comprar, hoy es necesario que legislen una educación financiera desde las escuelas, para que de grandes tengamos un país de adultos responsables que si toman un crédito sea para estar mejor y no para que el estado les haga un rescate financiero (que en realidad el rescate sería a las entidades crediticias, si vamos al caso).
Y acá también hay que mirar a los libertarios
Todo esto me lleva a una cuestión que resulta difícil de ignorar. En Misiones hay legisladores que llegaron a sus bancas identificados con las ideas de la libertad. Y a algunos parece alcanzarles con votar lo suficiente en contra del oficialismo provincial como para conservar la etiqueta de "libertarios", pero no necesariamente con llevar esas ideas hasta sus últimas consecuencias. No alcanza con decir que representan las ideas de la libertad, hay que sostenerlas, no solo cuando sirven para pegarle al oficialismo provincial. Y en esta sesión hubo, como mínimo, dos momentos en los que el bloque libertario tuvo la oportunidad de aplicarse a sí mismo el mismo bisturí que reclama para el Poder Judicial o para el gasto público, y no lo hizo.
El primero fue con el proyecto de Budilovski sobre consumidores "hipervulnerables". Es una ley con una intención noble (proteger a un discapacitado o al jubilado que no entiende un crédito digital, a la persona atrapada en una cadena de refinanciación) y fue la propia Steckler quien ahora acompañó como bloque, hablando otra vez de sobreendeudamiento, de familias atrapadas, de gente que "no sabe cómo salir". La misma diputada que dos horas antes había advertido, con razón, que la mora no equivale automáticamente a una crisis sistémica, votó ahora a favor de una ley que expande sanciones, cargas y trámites gratuitos para el Estado sobre la base del mismo diagnóstico indiferenciado que le había cuestionado a Castro. Nadie en el bloque preguntó, ni de cerca, si el problema que la ley pretende resolver es el de los 116.000 pesos de Mercado Pago o el del millón y medio de un banco tradicional. Se podía estar a favor de la ley y hacer esa pregunta. No se hizo.
El segundo, más incómodo todavía, fue el cruce con la diputada Blanca Núñez por el paso fronterizo de San Antonio. Ella recordó, con nombre y apellido, que el presidente de la Nación había ido a Brasil a "insultar" a Bolsonaro y agredir verbalmente "sin ningún respeto institucional". Es un discurso que suena lindo moralmente, pero que mezcla el agua con el aceite. Milei no fue a Brasil a increpar a un cualquiera: fue a cuestionar públicamente a un mandatario al que acusa de haber intervenido activamente en la campaña que lo enfrentó en 2023, con equipos de campaña brasileños trabajando abiertamente para Sergio Massa, algo que la propia prensa internacional documentó en su momento. Esa es una discusión de fondo entre dos jefes de Estado, con motivos políticos concretos detrás, no una agresión gratuita dentro de un ámbito de trabajo compartido como es la Legislatura misionera. Comparar ambas cosas para instalar una "falta de respeto institucional" es, en el mejor de los casos, un discurso vacío para la tribuna.
Video con fragmento de las declaraciones de la diputada Blanca Núñez y del diputado Adrián Núñez:
El problema es que nadie del bloque libertario se lo hizo notar así. La respuesta del diputado Adrián Núñez fue la más insulsa jamás pensada cuando dijo que el presidente "no le da vergüenza, sino todo lo contrario", que es "un líder transparente y ejemplar". Eso no es un argumento, es una devolución obsecuente con pasos extra. Si a Núñez le parecía injusta la comparación de Núñez Blanca (y tenía motivos de sobra para pensarlo), ese era el momento para marcar la diferencia entre un cuestionamiento político con una denuncia de fondo dentro de un recinto de trabajo. Los libertarios de Misiones deben entender que la gente no los votó para ser siempre "políticamente correctos", los votó para que defiendan las ideas de la libertad que pregona el presidente, recordemos que esa tibieza ya le costó la reelección a un ex presidente en Argentina.
La yerba: tampoco alcanza con gritar un número
Algo similar ocurrió con la discusión yerbatera planteada por Héctor Bárbaro (PAyS), aunque acá el problema no está en el número que citó (la tarifa sustitutiva de hoja verde vigente desde el 1° de junio es $44,09 por kilo, según la propia resolución que publica el INYM) sino en lo que ese número no explica: por qué existe.
La Corresponsabilidad Gremial es, en los papeles, un mecanismo de blanqueo laboral: un convenio negociado entre las cámaras yerbateras de Misiones y Corrientes y el gremio UATRE, homologado por la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, que reemplaza los aportes patronales tradicionales por una tarifa fija por kilo, cobrada automáticamente cuando el productor entrega la hoja verde al secadero y cuando el secadero entrega la canchada al molino. La idea de origen no es descabellada: blanquear a un sector históricamente informal como el de la cosecha yerbatera. El problema es que la tarifa se cobra por kilo producido, no por trabajador efectivamente contratado. Y ahí es donde el propio Bárbaro, sin proponérselo, hizo la mejor crítica posible al sistema que dice defender: reconoció en el recinto que "la gran mayoría de los productores yerbateros no tienen peones porque son ellos los que producen y ellos son los que limpian, ellos son los que cosechan" y que aun así, un colono que trabaja solo su propia chacra, sin un solo empleado en relación de dependencia, tiene que pagar exactamente la misma tarifa que un establecimiento grande con decenas de tareferos en blanco. Es decir: la carga no está atada al hecho que la justifica (que haya alguien trabajando en relación de dependencia), sino al volumen de producción. Eso no es un "convenio de corresponsabilidad", es una cuota fija disfrazada de aporte social.
Video del Diputado Héctor "Cacho" Bárbaro: "Lo que vengo insistiendo hace mucho tiempo, ¿por qué no ponemos el valor o esa tarifa o de la corresponsabilidad gremial en la estampilla directamente? que en lugar de costar lo que vale hoy la estampilla, ponerle la corresponsabilidad gremial a que pague el consumidor. El gobierno libertario te va a decir, que "nosotros preferimos que 40 millones de argentinos paguen más barato yerba que ayudarle a trece mil colonos". No, nuestro negocio no es ayudarlos a ellos, es ayudar al consumidor. Que son más votantes, dirían algunos, ¿no?".
Hay un segundo dato, este sí aportado por el propio Bárbaro y no desmentible porque lo dijo él mismo: reclamó públicamente que "no podemos conseguir los datos" de quiénes son los trabajadores efectivamente blanqueados bajo este convenio, porque ni el Ministerio de Trabajo provincial se los da. Un sistema de aportes obligatorios cuyo propio beneficiario político no puede auditar (ni siquiera saber cuántos trabajadores cubre realmente frente a lo que recauda) no es un problema de mala comunicación. Es la prueba de que la Corresponsabilidad Gremial dejó de operar como una herramienta de formalización laboral transparente y pasó a funcionar como una recaudación cautiva, sin rendición de cuentas verificable, que cobra por kilo y no por empleo real. Ese es el argumento que había que hacerle a Bárbaro esa noche, y nadie se lo hizo: no cuestionarle el número, que era correcto, sino la lógica de un tributo que se paga exista o no exista la relación laboral que dice proteger.
La misma vara para la propia Legislatura
Y finalmente volvemos al principio. Cinco horas y media de sesión pueden ser muchas o pocas. Depende de lo que se haya hecho durante ellas. Una Legislatura no se mide por la cantidad de horas que sus diputados permanecen sentados, sino por la calidad de las leyes que produce, por el control que ejerce, por el presupuesto que aprueba, por los problemas que resuelve y por la capacidad que tiene para mejorar las condiciones de quienes pagan su funcionamiento.
Por eso también deberíamos poder medir el trabajo legislativo con la misma rigurosidad con la que se pretende medir al Poder Judicial. ¿Cuántas sesiones hubo? ¿Cuánto duraron? ¿Cuántas horas de comisión se realizaron? ¿Cuántos proyectos llegaron efectivamente a convertirse en leyes? ¿Cuántos fueron declaraciones de interés, homenajes o iniciativas de impacto limitado? ¿Cuánto cuesta mantener la estructura legislativa durante todo el año? ¿Cuánto tiempo efectivo de trabajo insume cada diputado? ¿Cuál es el costo por ley sancionada?
No hay nada antipolítico en hacer esas preguntas. Todo lo contrario. Es pedirle a la política que se someta a la misma lógica de evaluación que pretende aplicar sobre cualquier otra actividad financiada con recursos públicos.
Porque si un empresario tiene una estructura sobredimensionada, pierde dinero. Si un organismo público tiene demasiados empleados, queremos saber qué hacen para no perder dinero. Si un programa estatal cuesta demasiado, queremos medir sus resultados. Si un sistema de crédito genera morosidad, queremos saber dónde está concentrada. Si una regulación encarece una actividad productiva, queremos saber si realmente cumple el objetivo para el que fue creada.
Entonces también tenemos que preguntarnos cuánto cuesta una Legislatura y qué produce.
Y acá no se trata de pedir que los diputados trabajen solamente durante las sesiones. Sería absurdo. Un buen legislador debería estudiar expedientes, reunirse con sectores, conocer el reglamento, analizar presupuestos, recorrer la provincia, preparar proyectos y controlar al Ejecutivo. Precisamente por eso, medir únicamente las horas de sesión sería injusto. Pero entonces la solución es todavía más sencilla: muestren todo ese trabajo.
Que el ciudadano pueda saber qué hizo cada diputado durante el mes. Qué proyectos presentó. Qué comisiones integró. Qué reuniones tuvo. Qué controles realizó. Qué iniciativas estudió. Qué resultados consiguió.
La transparencia no debería molestarle a nadie.
En definitiva, hubo discusiones, algunas necesarias, otras bastante menos trascendentes. Hubo una cuestión de privilegio que debía ser atendida, una discusión legítima sobre el funcionamiento del Poder Judicial, una pelea política por bancas y espacios, un episodio reglamentario que terminó mostrando las dificultades de una Cámara para aceptar un resultado, una discusión sobre endeudamiento contaminada por interpretaciones que no distinguen cantidad de morosos de volumen de deuda, y un debate yerbatero en el que también fue necesario separar los números reales de los discursos políticos. En el medio, también hubo un respiro de dos minutos de calma institucional: la historia del Santuario de Schoenstatt de Oberá, construido en 1956 por vecinos y alumnos, sin intervención estatal.
Afuera, mientras tanto, docentes y jubilados del IPS reclamaban y presentaban cientos de firmas para pedir que no se aplique discrecionalmente un determinado criterio de movilidad. Amarilla pidió un cuarto intermedio para que pudieran ser escuchados y finalmente se acordó que la Comisión de Presupuesto los reciba el martes. Esa, probablemente, fue una de las pocas decisiones de la noche que tuvo una relación directa y evidente con un problema concreto de ciudadanos concretos.
Y queda una última cuestión que debería incomodar a todos, especialmente a quienes llegaron prometiendo cambiar la política: el costo de la política también debe ser discutido.
Cuando uno mira todo lo que hay que resolver, cinco horas y media son muy poco. Y si además, después de todo ese tiempo, seguimos discutiendo quién ocupa un sillón, quién puede pasar por un pasillo y cómo acomodar un resultado electoral o reglamentario, quizás la pregunta ya no sea cuánto duró la sesión sino cuánto nos cuesta que estén a la altura.
Imágenes gentileza: Canal 21 TV
