Por Daniel Orloff
La Cámara de Representantes de Misiones sesionó el jueves 20 de agosto durante casi tres horas, en el marco de la XI Sesión Ordinaria del 54º Período Legislativo. Hubo tabaco, bonos de carbono, un juzgado al que se le reclama explicar qué ocurrió con dinero depositado en una de sus cajas de seguridad (tema con meses de trascendidos mediáticos), un ex diputado nacional que dedicó buena parte de su exposición a responderle al presidente de la Nación y, sobre el final, un pedido tan simple como incómodo: que cada uno hable de lo que le corresponde.
Vamos por partes, que hay mucha tela por cortar
La apostilla: saludar al jefe después de decirle, en la misma semana, que ya no manda solo.
Antes de que se declarara abierta la sesión, con Carlos Rovira nuevamente sentado en su banca, buena parte de los diputados que se acercaron a saludarlo, entre ellos Juan José Szychowski.
Es el mismo Szychowski que hace una semana atrás había resumido el sacudón interno de la Renovación con la frase de "la silla vacía".
Pero el jueves no repitió nada de eso. Se acercó, lo saludó con normalidad y, al menos en público, el clima fue bastante más distendido que días atrás. Ese contraste merece atención.
De hecho en las horas previas a la sesión habían trascendido versiones sobre un acercamiento entre sectores cercanos a Passalacqua y referentes del rovirismo para bajar el tono de la disputa interna de cara a 2027. No alcanza, por supuesto, para afirmar que exista una reconciliación política ni que la interna esté resuelta (si es que en algún momento existió). Pero sí permite leer la escena de otra manera. Dicho de otra forma, en apenas siete días se pasó de cuestionar públicamente la ausencia de Rovira a la cordialidad protocolar. Interesante.
Quién puede hablar de qué
Vamos a empezar sobre el final de la sesión, el diputado Walter Ríos pidió al presidente de la Cámara que se establezcan límites para los legisladores que utilizan su tiempo de exposición, básicamente dijo que dejen de usar la legislatura para hablar de política nacional. La referencia fue directa a las dos intervenciones del diputado Héctor “Cacho” Bárbaro.
El reclamo tiene un antecedente reciente en la propia Cámara. Meses atrás, el presidente del cuerpo, Sebastián Macías, había recordado que el Reglamento obliga a los legisladores a limitar sus exposiciones al asunto que se encuentra en discusión, en medio de los cruces protagonizados en aquella oportunidad por otro diputado, Ramón Amarilla. Fue tal la exigencia que hasta le cortaron el micrófono. Al parecer solo se aplica a él.
Archivo 28-05-26:
Si, Bárbaro tuvo dos intervenciones extensas: una vinculada con un expediente de comunicación sobre fondos tabacaleros y otra relacionada con un proyecto de su autoría. En ambas, buena parte de su exposición estuvo dedicada a citar y responder a un discurso que el presidente Javier Milei había pronunciado esa misma tarde en Buenos Aires.
Bárbaro debe recordar que es diputado provincial y ya no ocupa una banca en el Congreso. Puede, como cualquier legislador, hablar de política nacional cuando sus decisiones tienen impacto concreto sobre Misiones. De hecho, su argumento habitual gira alrededor de los recursos que, según dice, Nación adeuda a la provincia.
El problema aparece cuando la discusión sobre una medida nacional reemplaza completamente al expediente que se está tratando.
Una cosa es explicar con datos por qué una decisión de Nación perjudica a los productores misioneros. Otra es convertir el recinto provincial en un escenario permanente de confrontación con el presidente de la nación (de hecho esta fue la sesión que menos lo nombró, unas 15 veces aproximadamente).
Por eso el planteo de Ríos tiene una lectura más amplia que la discusión puntual con Bárbaro: si el Reglamento establece límites, deben aplicarse de la misma manera a todos. Venga de donde venga el discurso.
El Fondo Especial del Tabaco: transparencia necesaria y una pregunta incómoda
El Fondo Especial del Tabaco (FET, creado por la Ley 19.800 y financiado mediante una contribución específica sobre el precio de venta de los cigarrillos) fue uno de los temas centrales de la tarde/noche.
La Cámara aprobó dos iniciativas. Por un lado, un pedido de comunicación para que Nación transfiera alrededor de 20.000 millones de pesos correspondientes a Planes Operativos Anuales de 2025, aprobados pero todavía pendientes de transferencia. Por otro, una ley de mayor alcance institucional: la creación de un portal público para que los productores puedan consultar cuánto dinero recibe Misiones por el FET y en qué se utiliza.
Según el diputado Cristian Castro hay una serie de cifras sobre la evolución de las empresas y del empleo registrado durante la actual gestión nacional que justifican su aprobación.
Mencionó una pérdida de más de 1.100 empresas empleadoras (alrededor del 11,7%) y de más de 12.300 puestos de trabajo asalariados registrados (un 11,3%), tomando como referencia información vinculada con el Formulario 931 y el sistema previsional.
Hay, sin embargo, hay cosas que convienen explicar
Los datos pueden ser reales y, al mismo tiempo, utilizarse para construir un relato.
El Formulario 931 es la declaración jurada mensual que los empleadores presentan ante ARCA para informar, entre otras cuestiones, personal y remuneraciones en relación de dependencia. Es una herramienta fundamental para medir el empleo registrado, pero no constituye una fotografía completa del mercado laboral como intenta hacernos creer.
No incluye, por ejemplo, a quienes trabajan bajo otras modalidades de contratación o a quienes desarrollan actividades independientes. Tampoco permite, por sí solo, saber qué ocurrió con cada persona que dejó un puesto formal: si quedó desempleada, si pasó a otra modalidad de contratación, si se independizó o si consiguió trabajo en otra actividad o si la empresa simplemente se mudó. Claramente eso no elimina el problema.
La caída del empleo privado formal y de la cantidad de empresas empleadoras en Misiones es un dato, sin dudas. Lo que conviene evitar es convertir una estadística específica en una descripción completa de toda la economía provincial con una voz de "verdad absoluta".
Por si fuera poco también mencionó la inversión extranjera directa y acá ocurre algo parecido (que sorpresa).
Castro citó cifras de la OCDE para señalar que Argentina recibió en 2025 alrededor de 3.134 millones de dólares de inversión extranjera directa, muy por debajo de Brasil y México.
Acá debo ser algo técnico: el número puede ser utilizado para cuestionar la capacidad del país de atraer capital productivo. Pero un flujo anual no equivale al stock de inversión extranjera que existe en el país, ni permite por sí solo determinar cuánto capital se fue efectivamente de la economía productiva.
También existen operaciones financieras entre empresas vinculadas que pueden modificar el resultado anual de los flujos de inversión sin que eso signifique el cierre de una planta, la salida de una multinacional o el abandono de una operación.
Por eso la discusión seria no debería ser si el dato es verdadero o falso. Debería ser qué mide exactamente.
Y esa es, en definitiva, la misma pregunta que se ve en buena parte de esta sesión: qué parte de la realidad estamos mirando cuando alguien nos muestra un número.
La ironía política aparece después
El principal impulsor de la ley de transparencia del FET es Héctor “Cacho” Bárbaro ("fundador" del Partido Agrario y Social y actual dirigente de ACTIM), una de las entidades tabacaleras que intervienen en la administración de recursos vinculados con la actividad. ¿Conflicto de intereses?
Un dato curioso es que hace pocos meses, la abogada y dirigente Micaela Gacek presentó una denuncia penal contra Bárbaro por presuntos delitos vinculados con el manejo de fondos federales, entre ellos recursos del FET. Bárbaro rechazó las acusaciones, reclamó pruebas y calificó la denuncia como un invento.
La causa, según la información disponible, continúa en trámite y no existe una resolución que determine responsabilidad penal.
La existencia de una denuncia no invalida una iniciativa de transparencia. Tampoco demuestra que quien la impulsa haya cometido un delito.
Pero... justamente por eso la ley resulta interesante. Si el portal funciona como se promete, la transparencia no distinguirá entre amigos y adversarios. Deberá mostrar los números de todos.
También los de las entidades vinculadas con quienes hoy reclaman que esos números sean públicos.
Un juzgado, una caja de seguridad y una plata que no está
En medio del ruido tabacalero pasó casi desapercibido lo que, para esta columna, fue probablemente el dato más serio de toda la sesión.
La diputada Bárbara Samantha Stekler pidió incorporar un proyecto de comunicación a partir de versiones periodísticas sobre un faltante de dinero que habría sido detectado en la caja de seguridad de un juzgado de instrucción de la provincia.
Acá hay que ser especialmente precisos. No existe, al menos públicamente, una resolución que determine qué ocurrió ni una responsabilidad penal establecida. Lo que existe es un pedido institucional de explicaciones frente a versiones sobre diferencias entre dinero entregado como caución real y montos que posteriormente habrían sido restituidos.
La caución real es el dinero que una persona puede depositar para recuperar su libertad mientras continúa el proceso judicial, bajo las condiciones que establece la Justicia.
Stekler pidió al Superior Tribunal de Justicia que informe qué mecanismos de control y auditoría existen para el manejo de esos fondos, si se dispuso una investigación y qué medidas preventivas se adoptaron. El proyecto fue aprobado sin oposición.
Y ahí aparece una pregunta que debería ser mucho más incómoda de lo que fue durante la sesión: si entra dinero a un juzgado, la Justicia tiene que poder explicar dónde está.
Bonos de carbono: una discusión que no se cerró
El negocio de los bonos de carbono en Misiones viene generando cuestionamientos desde hace tiempo.
En una nota publicada por San Vicente Informa en 2024, el director de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Costamagna, había cuestionado la estructura de distribución del programa ECO2, vinculado con el mecanismo internacional REDD+ de reducción de emisiones derivadas de la deforestación.
Entre otros cuestionamientos, se planteaba que mientras en determinados esquemas nacionales el reparto favorece mayoritariamente a los propietarios de las tierras, en Misiones la distribución establecida asigna una proporción mayor a la provincia.
También se habían señalado anticipos millonarios y contratos vinculados con consultoras y empresas internacionales.
El jueves, el reclamo volvió a la Cámara, esta vez de la mano del diputado Miguel Orlando Núñez.
Según planteó, el mecanismo de bonos de carbono fue incorporado al marco presupuestario sin el debate específico que, a su entender, merecía un instrumento de semejante magnitud. También cuestionó la ausencia de una licitación pública para la comercialización de esos bonos y sostuvo que determinadas operaciones deberían ajustarse a las exigencias del artículo 70 de la Constitución provincial.
Núñez propuso modificar la distribución de los recursos para que una proporción mayor quede en manos de los productores que conservan efectivamente el bosque.
También relató que lleva meses esperando respuestas del Ministerio de Ecología sobre permisos de aprovechamiento forestal que, según su planteo, llevan años sin resolución, pese a que la reglamentación establece plazos mucho menores. Lo importante, más allá de quién tenga razón en cada punto, es que el tema volvió al recinto. Eso demuestra algo concreto: la discusión no está cerrada.
Seguridad vial: el dato que no se puede mandar a Buenos Aires
El diputado Ramón Báez presentó uno de los planteos más contundentes de la jornada por una razón sencilla: los números son verificables y la responsabilidad política no puede trasladarse automáticamente a Nación.
Según el Informe de Siniestralidad Vial Fatal 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Misiones registró una tasa de mortalidad vial de 17,9 víctimas cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas del país y prácticamente el doble del promedio nacional.
Misiones viene registrando durante años indicadores preocupantes de siniestralidad vial. Y la provincia cuenta con mecanismos específicos destinados a financiar políticas de prevención, entre ellos fondos vinculados con la recaudación de multas y controles de tránsito.
Por eso Báez pidió conocer cuánto dinero ingresó durante los últimos tres ejercicios y cuánto se ejecutó efectivamente en equipamiento, capacitación y controles. Es una pregunta incómoda porque, esta vez, la respuesta no está en Buenos Aires. Está acá.
Quién manda la agenda: la Comisión de Labor Parlamentaria
Entre tanto ruido pasó otro proyecto que merece atención si se quiere entender hacia dónde puede dirigirse la Legislatura.
La diputada Anazul Centeno presentó una iniciativa para crear una Comisión de Labor Parlamentaria integrada por la Presidencia de la Cámara y los presidentes de cada bloque, con la función de ordenar el tratamiento de los expedientes y acordar la agenda de cada sesión.
Dicho en criollo: formalizar una mesa en la que los distintos bloques participen de la definición de qué se discute y cuándo.
La iniciativa tiene una lectura política inevitable. Después de semanas en las que dentro del oficialismo se habló públicamente de un nuevo esquema de negociación entre pares, institucionalizar una mesa de bloques puede interpretarse como una señal de que la distribución del poder dentro de la Cámara está cambiando.
No demuestra por sí sola que una persona haya perdido poder. Pero sí demuestra que existe una discusión sobre cómo se organiza ese poder. Y cuando una discusión política empieza a convertirse en una modificación institucional, deja de ser solamente una conversación de pasillo.
El resto: gestión, homenajes y poco debate
El Boletín de Asuntos Entrados tuvo más de sesenta expedientes y la mayoría fue aprobada sin grandes discusiones.
Entre ellos aparecieron la donación de un predio en Eldorado a la Asociación de Retirados, Pensionados y Jubilados de la Policía de Misiones para la construcción de cabañas y un parque recreativo; un programa provincial de coordinación de movilidad intermunicipal para Eldorado, Puerto Piray, Colonia Delicia, Colonia Victoria, 9 de Julio y Santiago de Liniers; un convenio con la fundación alemana Hanns Seidel Stiftung para becas de capacitación del personal de la Cámara; la habilitación del paso fronterizo Alicia Baja–Colonia Aurora con Río Grande do Sul, Brasil; una plataforma de “digesto educativo” desarrollada por el equipo técnico de la Legislatura; pedidos vinculados con los horarios de pasos fronterizos; la declaración de interés por la gira del club de rugby Tacurú a Sudáfrica; y el reconocimiento al Club Bartolomé Mitre por su ascenso a la Liga Federal de básquet.
Son temas de gestión, cooperación o reconocimiento institucional y, en general, no generaron debate relevante. Y está bien que así sea.
El problema aparece cuando detrás de un expediente hay dinero, poder o responsabilidades que nadie quiere asumir. Ahí es donde la Cámara deja de funcionar como una máquina administrativa y empieza el verdadero debate.
Sobre el homenaje por el 80º aniversario de aquella histórica sesión del Senado de la Nación que debatió los derechos políticos de la mujer, realizada el 21 de agosto de 1946, fue breve y protocolar.
Queda registrado.
Lo que queda después de tres horas
Tabaco, carbono, un juzgado al que se le reclama explicar qué ocurrió con dinero depositado bajo su custodia, seguridad vial y una nueva herramienta para ordenar la agenda parlamentaria.
Parecen temas diferentes. Pero hay un hilo que los une. Es la pregunta por el control: ¿Quién controla la plata?
Y, todavía más importante: ¿quién controla al que dice que va a controlar la plata?
