Tres ex efectivos de la Policía de Misiones iniciaron una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno provincial, donde permanecen acampando desde hace más de 97 días en reclamo de su reincorporación a la fuerza, el pago de salarios y el esclarecimiento de las denuncias por presuntas torturas y malos tratos durante su detención.
Se trata del ex sargento primero Gerardo Marín, el ex sargento Néstor Zarza y el ex cabo primero Adolfo Guirula, quienes participaron de las protestas salariales de mayo de 2024. Meses después, en septiembre de ese año, fueron detenidos en una causa por presunta sedición y conspiración, acusación que rechazan y califican como "fabricada y sin pruebas".
Los manifestantes aseguran que su estado de salud comienza a resentirse debido a la huelga de hambre, aunque sostienen que mantendrán la medida hasta obtener respuestas concretas. Entre sus principales reclamos figuran la reincorporación a la Policía, el pago de los haberes adeudados, una investigación independiente sobre las denuncias de torturas y garantías para ejercer el derecho a reclamar sin represalias.
Según relataron, durante los más de diez meses que permanecieron detenidos fueron sometidos a distintos malos tratos en unidades penitenciarias. Denuncian que fueron obligados a permanecer desnudos y arrodillados durante requisas, sufrieron condiciones de hacinamiento, amenazas de muerte y traslados a sectores de castigo tras presentar reclamos.
"Nos castigaron por pedir lo que nos corresponde. El Gobierno dice que hay libertad de expresión, pero a nosotros nos encarcelaron por reclamar", expresó Adolfo Guirula en declaraciones a medios locales.
La causa continúa en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Posadas, a cargo del juez Fernando Verón. Los efectivos sostienen que hasta el momento no se presentaron pruebas concluyentes que respalden la acusación por sedición y remarcan que algunos imputados ya fueron desvinculados parcialmente del expediente.
Además, cuestionaron las declaraciones del gobernador Hugo Passalacqua sobre la libertad de expresión en la provincia y afirmaron que, tras más de tres meses de acampe frente a la Casa de Gobierno, aún no fueron recibidos formalmente por las autoridades.
Hasta este lunes, el Ministerio de Seguridad de Misiones no había emitido un pronunciamiento específico sobre el caso. En tanto, familiares y organizaciones sociales continúan acompañando la protesta mientras aguardan una audiencia con funcionarios provinciales.
