El Ministerio de Ecología de Misiones dejó sin efecto la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA). La decisión fue oficializada este 17 de julio mediante la Resolución Nº 248/26, firmada por el ministro Martín Recamán, que derogó la Resolución Nº 182/26, norma que había creado el registro.
En los fundamentos, la cartera ambiental señaló que la medida fue reevaluada por razones de "oportunidad, mérito y conveniencia", por lo que resolvió revocar la disposición original.
La marcha atrás se produjo pocas horas después de que las principales entidades empresarias, forestales y agropecuarias de Misiones manifestaran un rechazo conjunto a la iniciativa. Además de cuestionar su constitucionalidad, los sectores involucrados habían anticipado la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si bien la nueva resolución no hace referencia a las impugnaciones presentadas ni reconoce los cuestionamientos jurídicos formulados por las organizaciones productivas, la derogación se dio en medio del creciente conflicto institucional generado por la implementación del registro.
El RePIA había recibido fuertes críticas de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), que presentó una impugnación administrativa al considerar que la norma vulneraba el principio de inocencia y el debido proceso, al permitir la incorporación de personas o empresas con expedientes administrativos aún sin resolución firme.
La entidad también objetó que la registración pudiera realizarse por incumplimientos de "normas complementarias", al considerar que esa redacción generaba inseguridad jurídica. Además, sostuvo que el ministro carecía de facultades constitucionales para crear, mediante una resolución administrativa, un registro con efectos jurídicos sobre particulares y empresas.
La postura fue respaldada por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados, que coincidieron en advertir que la medida afectaba la competitividad y aumentaba la incertidumbre para el sector.
Durante el debate, las entidades también expusieron otras preocupaciones vinculadas a la política ambiental de la provincia, entre ellas las demoras en los permisos de uso del suelo, las restricciones a las quemas, la prohibición del glifosato, la implementación del programa REDD+ y la escasa participación del sector productivo en la elaboración de normas que impactan sobre la actividad económica.
Con la derogación del RePIA, el Ministerio de Ecología desactivó, al menos por el momento, el conflicto específico generado por la creación del registro y evitó que la controversia avanzara hacia la instancia judicial. Al mismo tiempo, la decisión dejó en evidencia el impacto que tuvo la reacción conjunta del sector empresario y agropecuario, que logró que la medida fuera revocada pocos días después de su implementación.
