El ex integrante de la Policía de Misiones, Diego Hernán Correa, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal en la que acusa a altos funcionarios provinciales y autoridades de seguridad de presuntos hechos de persecución política, hostigamiento, amenazas y violencia institucional.
La presentación judicial fue dirigida contra el gobernador Hugo Passalacqua; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el jefe de Policía, Sandro Alberto Martínez; el director del Centro Integral de Operaciones 911, Maximiliano Alberto Carletti; y el alcaide general René Ledesma, entre otros funcionarios.
En el escrito, Correa sostuvo que desde hace 32 días mantiene un acampe frente a la Casa de Gobierno de Misiones en reclamo por la restitución de su puesto laboral, del cual asegura haber sido apartado “de manera ilegal y arbitraria”.
Además, vinculó su situación al conflicto de la denominada Mesa de Diálogo Policial y Penitenciaria, surgida durante las protestas salariales de efectivos policiales y penitenciarios en la provincia.
Según afirmó en la denuncia, permaneció detenido durante once meses en el Penal de Loreto y allí habría sufrido “torturas, hostigamientos y apremios ilegales”. Entre las acusaciones, señaló que presuntamente era retirado de su celda durante la madrugada y sometido a amenazas e intimidaciones por parte de personal penitenciario.
Correa también denunció supuestos actos actuales de seguimiento e inteligencia ilegal contra él y su entorno familiar. Como parte de esos hechos, relató que este jueves su padre, de 72 años, habría sido interceptado por efectivos policiales bajo el argumento de un supuesto pedido de secuestro del vehículo en el que circulaba. Según el denunciante, tras verificar la documentación, los policías permitieron que continuara viaje.
En la presentación, el ex policía pidió que la Justicia investigue posibles delitos de abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad, amenazas, persecución política y violencia institucional, entre otros puntos.
También solicitó medidas de protección para él y su familia, el análisis de registros del sistema 911 y la identificación del personal policial que intervino en el procedimiento mencionado.
Hasta el momento no se conoció públicamente una respuesta oficial de los funcionarios y organismos señalados en la denuncia. La causa deberá ser evaluada por la Justicia, que determinará si existen elementos de prueba suficientes para avanzar con una investigación formal.
