La ley de modernización laboral, publicada el 27 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial tras su aprobación en el Senado, introduce modificaciones impositivas que alcanzan al mercado inmobiliario.
Uno de los puntos centrales es el artículo 192, que establece exenciones para operaciones de compra-venta y alquiler de inmuebles.
En la compra-venta, las personas que no se dedican habitualmente a la actividad inmobiliaria dejan de pagar el Impuesto Cedular del 15% sobre la ganancia obtenida por la venta de propiedades adquiridas después de 2018. La medida tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2026, lo que habilita reclamos de devolución por montos ya abonados. No alcanza a empresas ni a quienes operan de manera habitual en el sector.
En cuanto a los alquileres, se elimina el Impuesto a las Ganancias para los ingresos provenientes de locaciones destinadas a vivienda. La exención rige tanto para personas físicas como jurídicas, sin límite en la cantidad de propiedades, y también es retroactiva al inicio de 2026.
Según especialistas en materia tributaria, las medidas apuntan a reducir la carga fiscal en operaciones que generan bajo nivel de recaudación pero alta carga administrativa. La aplicación definitiva dependerá de la reglamentación pendiente.
Antes de estos cambios, el esquema impositivo implicaba, por ejemplo, que una operación con una ganancia de 100 mil dólares tributara un 15%. En alquileres, la carga podía alcanzar alícuotas del 35%, lo que reducía significativamente la rentabilidad.
Desde el sector inmobiliario se espera que estas modificaciones, junto con una mayor disponibilidad de crédito, impulsen la actividad y reactiven las operaciones.
Quedan excluidos de estos beneficios los operadores habituales y las empresas, que continúan tributando el Impuesto a las Ganancias con alícuotas vigentes. Tampoco se modifican otros tributos ni se incluyen operaciones previas a la fecha de entrada en vigencia.
