Grupos ecologistas denunciaron a principio de año que en el Parque Piñalito Sur se produjeron, en dos oportunidades consecutivas, robos de madera que forman parte de una causa por delito ambiental.
Según la denuncia, el material fue retirado del lugar por el Ministerio de Ecología y trasladado al playón municipal de San Pedro, con el argumento de que quedaría bajo resguardo. Sin embargo, indicaron que esa misma madera habría sido vendida posteriormente a un aserradero de la zona.
El traslado, siempre de acuerdo a la presentación realizada por los denunciantes, se efectuó con personal del Ministerio de Ecología de Casa Central, cuando el destino habitual de la madera incautada debería ser el Servicio Penitenciario de Loreto, donde se destina a donaciones.
El punto central de la denuncia es que el robo de la madera se encuentra judicializado. Por ese motivo, sostienen que no debía haberse realizado ningún movimiento del material, y mucho menos una venta, ya que debía permanecer como depósito judicial, a disposición de la Justicia.
Desde los grupos ecologistas cuestionan quién autorizó el traslado de pruebas de una causa judicial, quién permitió que la madera robada ingresara al circuito comercial y bajo qué marco un ministerio puede disponer de bienes que estarían judicializados.
