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Presupuesto Aprobado, Ley de Lemas a Comisión y una Corte que Volvió a Poner en Debate la Ley de Tierras

La Cámara de Diputados de Misiones aprobó el Presupuesto 2027 con más diálogo que en otros años, pero dejó intactos varios de los artículos que más preocupaban a la oposición. Mandó a comisión la reforma electoral por unanimidad, aunque el oficialismo ya tiene su propio proyecto. Y en el recinto se habló del fallo de la Corte Suprema sobre las tierras rurales con algunos datos que conviene separar entre lo que efectivamente resolvió el tribunal y las interpretaciones políticas que se hicieron sobre esa decisión.

La 17ª sesión ordinaria del 54º período comenzó con 40 diputados presentes y terminó por la noche, después de votar dos presupuestos: el de la Provincia y el de la propia Cámara. En el medio hubo bastante más de lo que reflejaron los títulos de los medios en general.


1. El Presupuesto 2027: más abierto, pero con las mismas llaves

El Ejecutivo pidió $5,53 billones y la Cámara lo aprobó. La votación en general fue 34 a 6, según la información de prensa. Según lo expresado en el recinto, votaron en contra La Libertad Avanza, la diputada del PRO Analía Labandoczka y el diputado Ramón Amarilla (Algo Nuevo).

Hay algo que corresponde reconocer. Varios opositores lo señalaron en el recinto, incluso algunos que terminaron votando en contra: este año el texto cambió.

Según explicó el "miembro informante", José Luis Pastori, y de acuerdo con los planteos formulados por distintos bloques opositores, hubo modificaciones relevantes. El artículo 12, referido a las reasignaciones presupuestarias, quedó más acotado: el Ejecutivo mantiene facultades amplias para mover fondos, pero el alcance quedó limitado respecto del texto original. También se eliminó la tasa de recursos hídricos, se modificaron las autorizaciones de endeudamiento, se creó una comisión permanente para realizar seguimiento de los créditos y se establecieron requisitos para el director de Rentas.


Hasta Santiago Koch, de la UCR, que luego rechazó varios artículos, reconoció que en otros años el presupuesto se votaba prácticamente “como entraba”. Pero reconocer cambios no significa dejar de mirar lo que no cambió. Los bloques opositores dejaron planteados cuestionamientos sobre los artículos 16, 25, 28, 33 y 45. Además, un diputado dejó constancia de su voto negativo al artículo 41.



El artículo 16 concentra múltiples facultades, entre ellas modificaciones vinculadas al Código Fiscal y a las alícuotas, además de disposiciones relacionadas con sociedades del Estado. Como el artículo debía votarse en conjunto, algunos bloques optaron por rechazarlo completo.

El artículo 25 vuelve a prorrogar la emergencia económica, que lleva casi tres décadas entre sucesivas extensiones. El artículo 28 mantiene facultades del Ejecutivo para designar, reasignar y remover cargos, incluso en organismos cuya autonomía está prevista constitucionalmente. Koch cuestionó precisamente ese punto: que un organismo de control pueda quedar sometido a decisiones del Poder Ejecutivo.

El artículo 33 vuelve a diferir vencimientos de los bonos Semis. Y el artículo 45 extiende la concesión del servicio de agua de SAMSA.

Los números que necesitan contexto

Buena parte de la discusión se concentró en las cifras de personal. El ministro de Hacienda proyectó el gasto en personal en aproximadamente un 33% del presupuesto. Cristian Castro, del Partido Agrario y Social, contrapuso ese dato con el promedio de las 24 jurisdicciones, que ubicó en torno al 48%, y sostuvo que la ejecución de Misiones en el primer trimestre había alcanzado el 41%.



Adrián Núñez, de La Libertad Avanza, agregó que el propio ministro había reconocido que, si se incorporan las transferencias destinadas al pago de salarios, la incidencia se aproxima al 50%. También cuestionó que no exista una pauta salarial única para 2027 y que los distintos organismos hayan utilizado presupuestos diferentes para proyectar sus gastos.



Las cifras más específicas también requieren cautela. Castro mencionó incrementos de 3,2% para personal de la administración central, 9,9% para salud pública, entre 10,5% y 12,1% para docentes, 108,9% para el Parque de la Salud y 85,7% para el Poder Judicial. 

Núñez, por su parte, cuestionó la existencia de cargos presupuestados que permanecen vacantes. Entre otros ejemplos, mencionó 91 cargos presupuestados para Industria, donde según lo informado en comisión hay 46 personas, y 509 en el Tribunal de Cuentas, donde según lo informado en comisión hay unas 150 vacantes que se utilizan para recategorizaciones.

El punto de fondo no es llamar a esos puestos “cargos fantasma”, sino formular una pregunta más sencilla: ¿cuántos cargos están presupuestados, cuántos están ocupados y cuánto dinero se asigna a los que permanecen vacantes? Por su parte el Ministro de Hacienda, Adolfo Salfrán, dijo que Núñez emitió muchas falacias en su argumentación debido a que "no estuvo el día que yo fui a exponer".



Otro cuestionamiento compartido por Castro, Labandoczka y otros opositores fue la falta de información sobre la ejecución presupuestaria de este año y del anterior. Sin conocer cuánto se ejecutó realmente, comparar solamente las proyecciones tiene una limitación evidente.

Recursos, financiamiento y deuda

El presupuesto contempla erogaciones por $5.534.162 millones y recursos por aproximadamente $4.801.000 millones. La diferencia ronda los $733.000 millones. Si se suma el presupuesto de la propia Cámara, que se vota por separado, la necesidad de financiamiento que informó la prensa asciende a unos $796.790 millones: es la cifra a la que se refería Núñez cuando habló de “casi 800.000 millones”. Eso no significa que el presupuesto esté formalmente “sin financiamiento”. El proyecto contempla distintas fuentes de financiamiento y operaciones financieras para cerrar las cuentas.

En materia de deuda, el artículo 43 autoriza créditos por hasta US$387 millones: US$100 millones para determinadas inversiones y otros US$287 millones mediante organismos multilaterales, bilaterales y bancos de desarrollo.

Pastori defendió el nivel de endeudamiento provincial y lo ubicó en torno al 10% de los ingresos. Labandoczka (PRO) no cuestionó en términos generales la posibilidad de tomar deuda, pero reclamó información sobre el stock actual, mecanismos de control previo y límites temporales.



Núñez agregó otro elemento: durante el tratamiento en comisión se incorporaron gastos y recursos adicionales cuya estimación depende, en parte, de una proyección de coparticipación nacional incluida en el presupuesto de la Nación para 2027, que todavía no estaba aprobado.

Nación y la dependencia de los recursos

El oficialismo volvió a plantear en el recinto la reducción de transferencias nacionales y mencionó, entre otros casos, el FONID y el programa Remediar. La oposición respondió poniendo el foco en la dependencia de los recursos nacionales. Núñez sostuvo que aproximadamente 70% de los recursos presupuestarios tiene origen nacional y 30% provincial. Castro también planteó una fuerte dependencia nacional en materia educativa.

Ambas discusiones pueden coexistir: Nación puede haber reducido determinadas transferencias y, al mismo tiempo, Misiones puede mantener una alta dependencia de recursos de origen nacional. La discusión interesante, entonces, no es solamente cuánto aporta Nación, sino qué parte de cada política se financia con recursos provinciales, qué parte con recursos nacionales y cuánto se ejecuta efectivamente.

SAMSA

El artículo 45 autoriza la prórroga de la concesión del servicio de agua en Posadas y Garupá y habilita su extensión a Puerto Iguazú. El texto fue modificado durante el tratamiento en comisión e incorporó un plan de inversiones, difusión de las obras y participación de los municipios.

Koch y Labandoczka cuestionaron que el artículo no establezca, entre otros aspectos, un plazo máximo, inversiones mínimas, metas específicas por localidad, sanciones ni condiciones tarifarias. Labandoczka recordó además que había presentado en agosto de 2025 un pedido de informes sobre el contrato de concesión, identificado como expediente D 68722/25, que no había sido tratado. Koch mencionó los problemas de abastecimiento registrados en Posadas y Garupá y las facturaciones que, según denuncias de usuarios, llegaron a montos elevados.



El debate sobre SAMSA deja así una cuestión pendiente: el texto aprobado incorpora mecanismos de seguimiento e inversión, pero no establece una nueva instancia de aprobación legislativa del contrato de concesión.

Desalojos y pago a cuenta de Ingresos Brutos

El presupuesto también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la suspensión de desalojos y remates prevista por una legislación que se viene extendiendo desde 2015. Núñez cuestionó además que la eliminación del pago a cuenta de Ingresos Brutos en puestos de control vial, conocida como “aduana paralela”, haya sido dispuesta mediante una resolución de la Agencia Tributaria Misiones y no mediante una ley.

Según lo expuesto, la Resolución General 9/2026 fue publicada el 19 de junio y comenzó a regir el 1 de julio por un período inicial de 12 meses.

2. Reforma electoral: unanimidad para debatir, no para cambiar

El pedido de tratamiento preferencial de proyectos relacionados con lemas, boleta única y ficha limpia fue aprobado por unanimidad. Eso significa que la Cámara decidió que esos proyectos sean tratados por la Comisión de Asuntos Constitucionales. No significa que haya aprobado una reforma electoral. Y hay un dato político que no es menor: el oficialismo ya tiene su propio proyecto desde mayo. La iniciativa impulsada por Carlos Rovira no elimina el sistema de lemas. Propone limitar a cuatro los sublemas por lema y por municipio y establecer una boleta única partidaria.

La propuesta es diferente de la que impulsan sectores opositores, que plantean eliminar los lemas y sublemas y avanzar con un sistema de boleta única. Por eso la unanimidad de la sesión no debe confundirse con un acuerdo sobre el contenido de la reforma. Lo que hubo fue acuerdo para llevar la discusión a comisión.

También hubo un cruce entre Anazul Centeno y Analía Labandoczka. Centeno sostuvo que la comisión venía trabajando durante meses y que los proyectos no avanzaron porque no existía acuerdo entre sus propios impulsores. Labandoczka respondió que su sector reclama la boleta única desde 2023 y cuestionó el tratamiento que tuvo el proyecto de ficha limpia.




El calendario también aparece como una cuestión central. Restan pocas semanas del período ordinario y las elecciones provinciales de 2027 están a unos 15 meses.


Los diputados de La Libertad Avanza remarcaron además que los misioneros ya utilizaron la boleta única en las elecciones nacionales de 2025. Pero el proyecto oficialista propone otro mecanismo: una boleta única partidaria que mantiene la competencia interna mediante sublemas, aunque con un límite de cuatro.

3. Las tierras, la Corte y el DNU 70: lo que se dijo y lo que realmente resolvió el tribunal

El diputado “Cacho” Bárbaro y Anazul Centeno se refirieron al fallo de la Corte Suprema relacionado con la Ley de Tierras.

Acá está bueno separar un poco el fallo de las interpretaciones políticas que se hicieron sobre lo que realmente dice. El 29 de septiembre, la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, por el cual se derogó la Ley de Tierras. El tribunal rechazó el amparo promovido por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata por falta de legitimación. Pero hay una precisión fundamental: la Corte aclaró posteriormente que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737. Su decisión estuvo vinculada con una cuestión procesal.

Por eso no corresponde presentar el fallo como una declaración de constitucionalidad del DNU. De ahí sale el golpe de Bárbaro al recordar que el Senado rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024 y que los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se abstuvieron. La votación fue 42 a 25, con cuatro abstenciones.

También es cierto que la Cámara de Diputados de la Nación todavía no rechazó el decreto. Bárbaro se vino un poco arriba y dijo que si el DNU cae, el INYM recuperaría su facultad para fijar el precio de la yerba. Eso no es automático. El DNU 70/2023 modificó el funcionamiento del INYM, pero posteriormente el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 812/2025, publicado el 18 de noviembre de 2025, que modificó la reglamentación de la Ley 25.564 y estableció restricciones específicas a la posibilidad del instituto de intervenir sobre los precios.

Por lo tanto, aun si el DNU 70/2023 fuera rechazado por Diputados, el escenario jurídico no volvería automáticamente al existente antes de 2023. El Decreto 812/2025 constituye una norma independiente que también debería ser considerada. Ese es un dato que no apareció en el debate de la Legislatura y que cambia bastante la lectura de aquella afirmación.

4. Remediar y la electricidad: dos caras de la relación con Nación

Dos proyectos de declaración incorporados al Boletín de Asuntos Entrados por el diputado Lemes mostraron una relación con el Gobierno nacional bastante más compleja que la que suele aparecer en los discursos. Por un lado, el autor expresó preocupación por la reducción del programa Remediar y señaló que la Provincia debió afrontar con recursos propios parte de la compra de medicamentos.

Por otro, el mismo diputado presentó una declaración vinculada con el nuevo esquema de subsidios eléctricos para las denominadas zonas cálidas.

El problema es temporal: al momento de la sesión, ese beneficio todavía dependía de una resolución de la Secretaría de Energía. El Senado nacional había aprobado el 24 de septiembre la reforma de la Zona Fría, mientras que el nuevo esquema para zonas cálidas había sido anunciado como parte de las negociaciones con las provincias del Norte Grande.

Por lo tanto, el proyecto celebraba un esquema comprometido, no un beneficio cuya implementación ya estuviera plenamente vigente. La diferencia importa.

Negociar con Nación no es contradictorio con reclamarle por sus decisiones. De hecho, es parte del funcionamiento normal del federalismo. Lo que sí merece seguimiento periodístico es distinguir entre una transferencia efectivamente recibida, una política vigente y una medida anunciada.

5. Lo que no van a contar los otros medios

En El Soberbio, el proyecto del diputado Roque Soboczinski (ex intendente de esa localidad) propone expropiar dos lotes de 537 hectáreas donde viven 31 familias desde hace aproximadamente cuatro décadas. Castro pidió que el proyecto se trate junto con una iniciativa presentada por su bloque en 2025 y recordó una ordenanza del Concejo Deliberante de El Soberbio.


Bárbaro agregó que en 2010 se habían adquirido con fondos del FET unas 11.000 hectáreas en la zona y planteó la falta de regularización. En la misma sesión también se mencionó una proyección para regularizar unas 14.000 hectáreas en El Soberbio durante 2027. La diferencia es importante y merece una observación cuanto antes: qué tierras fueron adquiridas, dónde están, quiénes las ocupan y cuánto de esa superficie fue efectivamente regularizado.

También avanzó el tratamiento preferencial de un proyecto de Ramón Amarilla sobre una pensión para ex soldados conscriptos, con expediente 70.885/26. Otra iniciativa propone establecer el ingreso a la planta permanente mediante concursos públicos y abiertos, con jurados externos. La propuesta no afectaría a quienes ya forman parte de la administración.

También se presentó nuevamente la creación de una Oficina de Presupuesto de la Cámara, una iniciativa que ya había sido planteada en 2020. Bárbaro mencionó además el caso de Jonathan Viera, de 27 años, de Puerto Argentino, quien permanece a la espera de una pensión nacional por discapacidad.

En materia tributaria, Amarilla pidió informes sobre el mecanismo de pago a cuenta de Ingresos Brutos aplicado a empresas de turismo y operadores de viajes de compras.

La Cámara también declaró su beneplácito por el mapa de clubes de las ligas del Consejo Federal de la AFA, elaborado con información del IPEC, que registra 118 equipos y alrededor de 2.124 futbolistas por fin de semana.

Entre las demás declaraciones estuvieron la Fiesta de la Unidad Alemana en Leandro N. Alem, el Digesto Jurídico de El Alcázar y la visita del papa León XIV prevista para noviembre.

6. El presupuesto de la propia Cámara

Después del presupuesto provincial se aprobó el presupuesto de la Cámara de Representantes por $63.596,8 millones. El 99,91% de sus recursos proviene del aporte provincial y el resto corresponde a recursos propios. El gasto corriente representa el 98,67% y el gasto en personal el 73,73%.

La Libertad Avanza votó en contra. Núñez reconoció que la planta de personal había sido ordenada y señaló que su bloque no incorporó nuevos contratos. Pero cuestionó que el presupuesto total aumente 34% y que algunas partidas tengan incrementos superiores. Bienes de consumo aumenta 81,12% y servicios no personales 52,6%.

En comisión se explicaron parte de esos aumentos mediante el incremento del combustible, las cubiertas de las combis y determinados insumos de impresión.

La pregunta planteada por Núñez es razonable y concreta: aun admitiendo esos aumentos de costos, ¿qué componentes explican el incremento total de cada partida?

El presupuesto fue aprobado.


Esta sesión dejó tres cuestiones 

La primera: el oficialismo abrió el juego en el Presupuesto. Hubo modificaciones y se incorporaron algunas demandas opositoras. Pero los artículos que concentran facultades relevantes del Ejecutivo, prorrogan emergencias o extienden concesiones permanecieron dentro del texto aprobado.

La segunda: la reforma electoral pasó por unanimidad a comisión, pero esa unanimidad no significa que exista acuerdo sobre la reforma. Hay proyectos diferentes y una diferencia central: mientras uno busca eliminar lemas y sublemas, el proyecto oficialista mantiene los sublemas y limita su cantidad.

La tercera: la discusión sobre Nación necesita algo más que consignas. El Gobierno nacional redujo determinadas transferencias y programas; al mismo tiempo, los recursos de origen nacional continúan representando una parte sustancial del presupuesto misionero y la Provincia negocia con Nación por subsidios, transferencias y otras políticas.

Por eso, más que quedarse con el discurso de cada bloque, hay una tarea bastante más sencilla y más incómoda: mirar las planillas. Cuánto se presupuestó. Cuánto se ejecutó. Cuántos cargos están ocupados. Cuánto se debe. Qué créditos se tomaron. Qué recursos llegaron efectivamente de Nación. Qué facultades se delegaron. Qué inversiones se hicieron.

La política puede discutir las interpretaciones. Los números, por lo menos, permiten empezar la discusión desde el mismo lugar.

Daniel Orloff


Imágenes gentileza: Canal 21 TV.

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