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Passalacqua Reclama Fondos Nacionales para Salud, pero la Ley Provincial le asigna al Gobierno de Misiones la Responsabilidad Sanitaria

El gobernador Hugo Passalacqua cuestionó la suspensión del programa Remediar y sostuvo que la Provincia debe destinar recursos propios para cubrir el faltante de medicamentos. También advirtió sobre el aumento de la demanda en los hospitales públicos por el traslado de pacientes desde el sistema privado. Sin embargo, el planteo abre una discusión que excede la disponibilidad de fondos nacionales: la Constitución de Misiones y la legislación sanitaria provincial establecen expresamente la responsabilidad del Gobierno misionero de garantizar la atención médica y organizar sus servicios de salud.



Las declaraciones se realizaron el miércoles 28 de octubre, durante la apertura del V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), en Puerto Iguazú. El encuentro reunió a representantes de las obras sociales provinciales y autoridades sanitarias para analizar el financiamiento, la prestación de servicios y la sustentabilidad de los sistemas de salud.


En ese contexto, Passalacqua cuestionó el impacto de la suspensión del programa Remediar, que suministraba medicamentos esenciales destinados a personas que dependen exclusivamente del sistema público. Según afirmó, la interrupción representa un gasto adicional de aproximadamente 1.000 millones de pesos que deberá afrontar la Provincia.


El gobernador sostuvo que los recursos nacionales que, según su planteo, deberían regresar a Misiones en forma de obras, medicamentos y otras prestaciones dejaron de llegar. Frente a ese escenario, afirmó que la administración provincial debe reorganizar sus prioridades presupuestarias para garantizar la atención sanitaria.


“Uno puede reclamar, pero la gente se tiene que curar”, expresó Passalacqua, al plantear que el Gobierno provincial debe ajustar otros gastos para sostener las prestaciones médicas.


El mandatario también describió un aumento considerable de la demanda en los hospitales públicos, atribuido al traslado de pacientes que dejaron de poder afrontar los costos de las obras sociales y la medicina prepaga. Según indicó, esa migración provoca una saturación de algunos servicios que anteriormente no registraban el mismo nivel de presión.


Qué dicen las leyes sobre la responsabilidad sanitaria de Misiones

El reclamo por los recursos nacionales debe analizarse junto con las obligaciones que la normativa asigna al Gobierno provincial. En este punto, el marco jurídico es explícito.


El artículo 39 de la Constitución de Misiones establece: “La Provincia garantizará la atención de la salud de la población”. También dispone que la legislación sanitaria debe asegurar una asistencia médica integral, preventiva y asistencial. El mismo artículo contempla la posibilidad de que el Gobierno provincial celebre convenios de colaboración con la Nación y otras entidades para cumplir esas obligaciones.


La Ley Provincial XVII N.º 58, que organiza el Sistema Provincial de Salud, desarrolla ese mandato constitucional. Su artículo 1 establece como objetivo garantizar a los habitantes de Misiones el acceso al mejor nivel de salud y calidad de vida.


El artículo 2 determina que la salud pública es un bien de interés público tutelado por el Estado provincial. Entre las funciones que le asigna se encuentran la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, además de la regulación y el control de los recursos y servicios sanitarios.


El artículo 3 es todavía más directo respecto de la conducción política: establece que corresponde al Poder Ejecutivo definir la política provincial de salud y reconoce la salud de la comunidad como una responsabilidad primaria del Estado.


La misma ley instituye, en su artículo 13, el Sistema Provincial de Salud, integrado por dependencias de la Administración Pública provincial y municipal, establecimientos privados y mecanismos de coordinación. El artículo 15 incluye expresamente al Ministerio de Salud Pública de Misiones y a su red de hospitales, centros de salud y programas sanitarios.


A su vez, el artículo 16 dispone que el sistema debe desarrollar acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas, económicas y sociales de la provincia.


La legislación también contempla a la población sin cobertura médica. El artículo 35 crea el Seguro Provincial de Salud para los habitantes que no cuentan con cobertura explícita mediante seguros obligatorios o voluntarios. El artículo 36 asigna al Poder Ejecutivo provincial su diseño e implementación y establece criterios de integralidad, accesibilidad, calidad y sustentabilidad económica.


Estas disposiciones no significan que la Nación carezca de obligaciones sanitarias ni que todos los medicamentos deban ser financiados exclusivamente con fondos provinciales. Sí establecen que la organización y el sostenimiento del sistema sanitario misionero forman parte de las responsabilidades del Gobierno de Misiones.


Por lo tanto, el aumento de la demanda hospitalaria, la atención primaria y la necesidad de garantizar las prestaciones requieren respuestas concretas de la administración provincial. La reducción de un aporte nacional puede modificar las necesidades de financiamiento, pero no elimina las obligaciones que la Constitución y las leyes asignan al Ejecutivo misionero.


Medicamentos oncológicos: qué se sabe y qué falta demostrar

En relación con los medicamentos oncológicos, es necesario distinguir las declaraciones efectivamente realizadas por el gobernador de las afirmaciones incorporadas en la cobertura periodística.


La comunicación oficial del Gobierno de Misiones sobre la participación de Passalacqua en el congreso se concentra en la suspensión del programa Remediar, el impacto presupuestario y la necesidad de reorganizar los recursos provinciales. En cambio, medios de la provincia incorporaron en su presentación la referencia a una supuesta quita de insumos oncológicos nacionales.


En el material oficial consultado no se encontró una declaración textual de Passalacqua que identifique qué medicamentos oncológicos dejaron de llegar, desde cuándo habría ocurrido la interrupción o cuántos pacientes resultaron afectados. Tampoco se publicó junto con esas declaraciones un registro de entregas, pedidos pendientes o tratamientos interrumpidos que permita comprobar esa afirmación.


La información oficial disponible aporta elementos relevantes para examinar el tema. Según datos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) citados en un informe de gestión presentado ante el Senado de la Nación, el Ministerio de Salud habría informado que Misiones no registró tratamientos oncológicos entregados por el Banco de Drogas Especiales entre agosto y diciembre de 2024 ni durante el primer trimestre de 2025. Esa información, basada en datos del SISA, habría sido elaborada en abril de 2025.


Ese registro no demuestra que haya existido una reducción posterior de las entregas a Misiones, porque no permite establecer por sí solo cuál era la situación en períodos anteriores ni qué ocurrió durante 2026. Pero tampoco puede utilizarse como prueba de que todos los pacientes misioneros recibieron sus medicamentos sin inconvenientes: el dato se refiere a las entregas registradas por ese circuito nacional específico.


Además, el Ministerio de Salud de la Nación informó el 18 de mayo de 2026 que proyectaba asistir a un 27,3 por ciento más de pacientes con medicamentos oncológicos y de alto costo respecto de 2025. En esa oportunidad, la cartera sanitaria comunicó que el financiamiento de sus programas estaba garantizado y que se había acordado mantener el acompañamiento a las provincias. Se trata de una proyección nacional, no de un comprobante de entregas efectivas a Misiones.


El procedimiento nacional también establece que la provisión de medicamentos oncológicos es, en primera instancia, responsabilidad de la jurisdicción que atiende al paciente. Cuando esta no puede suministrar el tratamiento, debe gestionar la solicitud ante el Banco de Drogas Especiales de la Nación, que actúa de manera complementaria.


En consecuencia, con la documentación pública localizada no es posible afirmar que haya existido un recorte específico de medicamentos oncológicos en Misiones durante 2026. Para verificarlo se necesitan datos actualizados de las solicitudes, las aprobaciones y las entregas, así como información sobre los tratamientos pendientes y las causas de las eventuales demoras.


Si el planteo del gobernador incluye una interrupción concreta de esos suministros, corresponde que se identifiquen los medicamentos afectados y se aporten registros que permitan contrastar sus declaraciones. La gravedad de una posible interrupción de tratamientos exige evidencia precisa, no generalizaciones.


Más pacientes en los hospitales y decisiones presupuestarias

Passalacqua también vinculó la situación sanitaria con las dificultades económicas de las familias y la migración de pacientes desde el sector privado hacia los establecimientos públicos. Según sostuvo, el incremento de la demanda genera una presión adicional sobre algunos servicios hospitalarios.


El gobernador señaló que las finanzas ordenadas permiten afrontar parte de esas necesidades y destacó el desempeño de los trabajadores de la salud y la capacidad del sistema sanitario provincial. También mencionó el aumento de los costos farmacológicos y la necesidad de adaptar las políticas públicas a los cambios demográficos.


Sobre este último punto, comparó un promedio de entre 25.000 y 27.000 nacimientos anuales registrados en Misiones hace una década con los cerca de 17.000 actuales, y advirtió sobre los desafíos que esa evolución plantea para el sistema previsional.


El planteo presupuestario, sin embargo, requiere distinguir entre la pérdida de un aporte específico y la capacidad de la Provincia para sostener sus servicios. Para evaluar el impacto real de la suspensión de Remediar sería necesario conocer qué medicamentos se dejaron de recibir, cuánto costaba su provisión, qué compras sustitutas realizó Misiones y qué partidas se reasignaron para cubrirlas.


La discusión también exige determinar si el aumento de la demanda hospitalaria se corresponde con una mayor cantidad de consultas, internaciones, tratamientos y pacientes sin cobertura, y en qué medida esos cambios presionan sobre el presupuesto sanitario.


En definitiva, las declaraciones del gobernador exponen dos cuestiones diferentes: el efecto que puede tener la interrupción de un programa nacional sobre las cuentas provinciales y la responsabilidad del Gobierno de Misiones de organizar y financiar su sistema sanitario. La primera requiere comprobar qué recursos dejaron de llegar y qué obligaciones tenía la Nación; la segunda está expresamente establecida en la Constitución provincial y en la Ley XVII N.º 58.


El reclamo de fondos nacionales no sustituye la necesidad de explicar cómo se administra el presupuesto sanitario de Misiones. Del mismo modo, la responsabilidad provincial no permite dar por probado que los medicamentos oncológicos hayan sido recortados por la Nación sin documentación que lo respalde.

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