Cinco Horas, Cinco Leyes y una Prórroga Rechazada: la Sesión del Día del Legislador

Por Daniel Orloff 


El jueves 22 de octubre, Día del Legislador, la Cámara de Diputados de Misiones tuvo su vigésima sesión ordinaria del 54º período, con 39 de sus 40 miembros presentes. Duró más de cinco horas y sancionó cinco leyes: el cronograma de pago de las movilidades de los jubilados del IPS, el bono cultural, dos normas sobre bosque nativo y el lema de 2027. Rechazó, en cambio, extender las sesiones hasta el 30 de noviembre y frenó varios pedidos de informes.


Un dato para entender la jornada: el 71% de lo que se habló ocurrió antes de que se tratara la primera ley. Los jubilados y los productores que viajaron a ver la votación esperaron horas. 



Primero el boletín, después las leyes

El Boletín de Asuntos Entrados y los “30 minutos” de preferencias y pedidos sobre tablas se llevaron la mayor parte de la tarde: identifico al menos 56 expedientes nuevos, del 71.622 al 71.706, más homenajes, invitados y ovaciones. La diputada Soler recordó que hay un reglamento sobre el tiempo de incorporación de proyectos y “estaría bueno que lo cumplamos”. Pastori pidió “capacidad de síntesis” porque había jubilados esperando, y Méndez Jazón pidió disculpas a los adultos mayores presentes. Al abrir el primer punto del plan de labor, Pastori celebró que por fin iban a hacer “lo que vinimos a hacer los jueves”: discutir leyes. Cuando tocó la ley de bosques, Miguel Núñez notó que “ya está vacía la cámara”: muchos productores que esperaron meses esa norma se habían ido antes de verla aprobada.


La prórroga: dos mitades de la verdad

Kurz pidió tratar sobre tablas el expediente 71.564, que extendía el período ordinario hasta el 30 de noviembre. La acompañaron Amarilla, Lavandosca, Castro (Partido Agrario y Social), Coach (UCR) y La Libertad Avanza. Por el oficialismo hablaron Centeno y Méndez Jazón. Se rechazó.


La oposición tiene un punto fuerte. Quedaba una sola sesión, la del 29. Castro agregó que hay proyectos con dictamen que no entran porque el plan de labor de estos dos jueves estaba “supercargado”: el cuello de botella no es solo el calendario, es quién arma el orden del día. Y Coach recordó que el Congreso nacional sesiona desde 1994 de marzo a noviembre, mientras Misiones conserva un esquema de 1958.


Y un descuido. Kurz y Coach dijeron que la Constitución permite prorrogar por simple votación y citaron el artículo 96 y el artículo 29 del reglamento. El 96, en el texto publicado, solo fija el período del 1 de mayo al 31 de octubre; no habla de prórroga. Si está en el reglamento, nadie lo leyó en el recinto. Y hay otra puerta que nadie nombró: el artículo 97 permite sesiones extraordinarias “por motivos de interés público y urgente” y que la Cámara se convoque sola si lo pide un tercio de sus miembros, es decir 14 de 40. La pregunta para quienes reclaman más sesiones: ¿cuántas firmas juntaron?


El oficialismo también tiene razón en algo. Legislar no es contar jueves, y buena parte del trabajo está en comisiones y en el territorio. Martínez dijo que a la reunión ampliada sobre adicciones fueron solo tres diputados; Ríos, del otro lado, que hay diputados que van a dos de las 13 comisiones. Dos acusaciones cruzadas, cero cifras. Una planilla pública de asistencia a comisiones, diputado por diputado, lo resolvería en una tarde.


Y también un descuido. Centeno comparó con el Congreso Nacional, que según ella lleva siete sesiones y ya llegó a “rifar casi todo el país”: no pude verificarlo, y la comparación se vuelve en contra, porque ese Congreso sesiona nueve meses por Constitución. La Comisión Permanente que invocó Méndez Jazón existe (artículo 100: interviene en “asuntos urgentes” durante el receso), pero nadie explicó qué puede sancionar. Y hablar de “show mediático” en una jornada con cuatro videos institucionales proyectados en el recinto tiene su gracia.


Todo el debate sobre si hacía falta más tiempo ocupó cerca de media hora, según mi estimación, con los jubilados esperando su turno. La pregunta pendiente es qué se hace con el tiempo que ya hay.


Lo que sí se votó

Jubilados: 38 votos y una admisión


La ley modifica el artículo 10 de la Ley VII-103, que ataba el pago de las movilidades pendientes del IPS a que la Nación cumpliera sus compromisos con las provincias que conservaron su caja. El nuevo cronograma fija pagos mínimos: 25% desde noviembre de 2026, 50% desde marzo de 2027 y el total desde julio de 2027. El condicionamiento a Nación sigue, pero solo hasta el 31 de julio de 2027. Según Primera Edición, se aprobó con 38 votos y unificó proyectos de Pastori, Miguel Núñez y Castro, entre otros.


Es una buena noticia y también una admisión: la provincia reconoce por ley que debía esas movilidades y que las tenía atadas a transferencias nacionales. En el recinto, Pastori dijo “qué fácil se hizo esto”; Castro recordó que su bloque ya había logrado sacar el artículo 37 del Presupuesto 2025 y llamó “genuflexos” a gremios que aparecieron en el video; otra legisladora le contestó que esa cláusula había pasado a otra ley que nadie observó, y Sichoski, que se agredía a gente que llevaba casi cinco horas esperando. El adjetivo sobraba; la pregunta no: si era tan fácil, ¿por qué tardó años?


Lo que nadie dijo: cuánto cuesta, a cuántos jubilados alcanza y qué pasa con lo perdido mientras tanto. En ese debate no hay una sola cifra. El oficialismo trajo video; no trajo el costo. Y el cronograma termina en julio de 2027, en pleno año electoral.


Bono cultural: razón a medias de los dos lados

El bono (autor: Arnold) permite que entidades y trabajadores de la cultura vendan bonos con premios sorteables y se queden con el 100% de lo recaudado. Los premios los ponen el IPLyC, Cultura y la Agencia Tributaria. La Libertad Avanza votó en contra con críticas concretas: los compradores son voluntarios, pero los premios los pagan todos; el artículo 10 dice que Cultura “podrá” pedir rendición de cuentas, no que “deberá”; no se define qué es un “colectivo” cultural; y nadie dijo cuánto costarán los premios.


Tiene razón en lo importante: una ley que mueve dinero público y deja el control como opcional está incompleta, y del oficialismo no vino una sola cifra. Pero sus alternativas (eximir espectáculos de Ingresos Brutos, como hizo Córdoba según su planteo, o un régimen de mecenazgo) también cuestan: es plata que el Estado deja de cobrar. Que sea más difícil de ver no la hace más barata.


Bosque nativo: una ley redonda y otra con asterisco

Las dos son del diputado Miguel Núñez y nacieron de reuniones con productores y con el Ministerio de Ecología. El registro voluntario de plantaciones de especies nativas es simple y bueno: Núñez lo pensó cuando un vivero le advirtió que si plantaba loro negro “no lo vas a poder sacar nunca más”, porque nada acredita que lo plantó el productor. Evita camionetas detenidas por transportar madera propia.


La otra habilita actividades silvopastoriles bajo monte en zona amarilla (categoría II) y crea un trámite simplificado para volver a limpiar chacras abandonadas: declaración jurada, plan de manejo y mapeo satelital. Ecología tiene 60 días para responder; si no lo hace, el productor “queda facultado a empezar a limpiar”.


El asterisco: la ley nacional de bosques (26.331) define la categoría II como zona donde no se autorizan desmontes y exige autorización de la autoridad provincial para desmontar o manejar. Que el silencio de un ministerio valga como autorización es una pregunta legal que debería responderse antes de la primera motosierra. Y una pregunta práctica: Bárbaro dijo en este mismo debate que hay grandes productores que tumban 50 o 100 hectáreas con topadora y “parece que nadie ve”. Esa es la capacidad de control con la que se pretende cumplir un plazo de 60 días. FARN, en un documento sobre el Chaco, planteó que la ganadería integrada en categoría II exige precaución y audiencias públicas; la selva misionera no debería saltearse esa discusión. Lo valioso: se escuchó al sector y se le quita papeleo a quien quiere producir. Lo que falta: un control que no dependa de que alguien mire.


Lema 2027: cuando no se ponen de acuerdo, suman

Siete proyectos proponían lemas distintos para 2027. La comisión no eligió: los fundió. El resultado: “Año del centenario del natalicio de Ramón Ayala, de la identidad misionera, de la inclusión y el fomento de la empatía, de la integración social a través del deporte, de la seguridad como derecho humano y el reconocimiento a quienes la resguardan y de la educación secundaria rural pluriaño”. Cuarenta y nueve palabras para encabezar un papel. El homenaje a Ayala es justo y la fecha es correcta (su acta de nacimiento dice 10 de marzo de 1927); lo demás es un inventario. Será el único “lema” que la Cámara consensuó este año: según Lavandosca, la reforma electoral ya tiene dictamen de la oposición y el oficialismo, tras cambiar el nombre de su bloque, no quiere tratarla.


Seguridad: la frontera, el barrio y el insulto de moda

Seis proyectos, un diputado. Adrián Núñez (La Libertad Avanza) incorporó seis. Citó como datos oficiales que en 2025 se incautaron en Misiones más de 35 toneladas de marihuana y más de 30 kilos de cocaína, y que en 2026 ya van más de 25 toneladas y 50 kilos. Propone adherir a la ley nacional 26.052 (el narcomenudeo pasa a la justicia provincial), una unidad que “siga el dinero”, denuncias anónimas, pistolas eléctricas reguladas, alerta vecinal y hasta 20% de descuento en el inmobiliario para quien conecte sus cámaras al 911.


Tres contrastes. La adhesión a la 26.052 no es nueva en Misiones: un artículo de 2015 ya hablaba de un proyecto del Ejecutivo provincial pendiente en la Legislatura. Núñez dijo que el costo lo debe asumir la Nación, y tiene base: la ley prevé aportes a las provincias que adhieren y los procuradores generales del país pidieron en 2024 que se cumplan. Sería bueno que ese reclamo también se escuche dentro de su espacio, que hoy gobierna esa Nación. Y no pude verificar que sean 11 las provincias adheridas ni siete las que usan pistolas eléctricas. Mi lectura: cámaras voluntarias y denuncias anónimas son lo más fácil de implementar; la pistola eléctrica sin entrenamiento ni control es un riesgo; y la pregunta de fondo (¿con qué presupuesto, qué policía y qué jueces?) no tuvo respuesta.


Sicariato en San Vicente: cada uno contestó otra pregunta. Castro pidió un informe (71.622) por los hechos de sicariato en el Alto Uruguay, con bandas brasileñas del PCC, y dijo que “no alcanza con más policía”. Martínez respondió que la oposición “elige el show y no la respuesta”, que sus datos salen de “la inteligencia artificial” y que a la reunión sobre adicciones fueron tres diputados. Castro contestó que la alarma se la dieron concejales de San Vicente.


Los datos: el crimen fue el 6 de octubre en el barrio Sol de América: Fernando Matías Rodríguez, 27 años, 12 disparos. La Policía reconstruyó con cámaras el recorrido de dos vehículos y detuvo en horas a cinco personas, dos de ellas brasileñas. La causa está en la justicia federal de Oberá y el vínculo con Os Manos y el PCC es, hasta ahora, hipótesis. El segundo caso que mencionó Castro, en El Soberbio, no pude confirmarlo. Martínez acierta en que la policía respondió rápido y que la prevención se trabaja en mesas amplias; Castro acierta en que el sicariato en la frontera no es un tema de consumo y que esa reunión no lo contestó. Y llamar “IA” a la fuente no refuta nada: un dato es verdadero o falso lo haya ordenado una máquina o un concejal. Nadie dijo que fuera falso.


Amarilla: una preferencia rechazada y otra aprobada. Pidió preferencia para el expediente 71.682, sobre el productor citrícola Ricardo Ranger y 119 denuncias penales por robos en Colonia Delicia y Puerto Amado. El texto acusa por nombre y cargo a funcionarios del Ejecutivo, la cúpula policial, jueces y organismos. Centeno rechazó con un argumento a medias: si tiene datos, que denuncie. Es razonable exigir pruebas a acusaciones tan graves, y las 119 denuncias son un dato suyo, no verificado. Lo flojo: una preferencia no aprueba el contenido, solo decide si se trata antes, y el pedido de informes es la herramienta de la Cámara para pedir datos al Ejecutivo (el artículo 95 que el propio Amarilla citó en otro pedido). Se rechazó. En cambio, su pedido sobre la red de traslado (ambulancias sin servicio, seguros, horas activas adeudadas, unidades abandonadas en el aeroclub) sí pasó. También dijo, sin respuesta en el recinto, que a policías se les prohíbe hablar con él y que a un comisario se le frenó un ascenso por una foto: el Ministerio de Gobierno debería contestar.


Ríos y el arma en cuotas. Propone que los policías puedan comprar su arma reglamentaria en cuotas respaldadas por el Estado y llevársela al retirarse, para evitar robos simulados y ventas ilegales; citó a un oficial que dejó su arma a un prestamista en julio. Eso describe un problema real: un policía endeudado. El mismo día, Méndez Jazón presentó un sistema para alertar sobre el sobreendeudamiento de los empleados públicos. Financiar un arma en cuotas a quien, según el propio Amarilla, no llega al 5 o al 10 de cada mes no parece la mejor receta.


Pedidos de informes: quién pregunta, quién frena

Vilchez, Sartori y López Sartori. Amarilla pidió (71.685) un informe en 10 días: si al designar a Matías Vilchez vocal del Parque de la Salud se conocían observaciones del Tribunal de Cuentas a su gestión como intendente de San Javier; si hay investigaciones del Tribunal o de Fiscalía de Estado sobre el jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, por la CODE; y si el ministro del Agro, Facundo López Sartori, presidió la Fundación Asuntos Agrarios entre 2023 y 2025. El diputado Aumada respondió que “la mayor parte” ya estaba en la Cámara desde el 9 de octubre, entregada por Vilchez. Se rechazó.


Tres notas. Primera: Vilchez dijo públicamente que el Tribunal de Cuentas aprobó sus balances sin reparos y que dejó los informes en la presidencia de la Cámara; otro medio publicó que el Tribunal desaprobó cuentas con cargos por unos 33 millones. Dos versiones que se resuelven con las resoluciones del Tribunal. Segunda: un informe de Vilchez puede cubrir el caso de Vilchez; ¿cubre también el de Sartori y el de López Sartori? Si no, “carece de objeto” no alcanza a dos de los tres puntos. Y si ya está en la Cámara, ¿está a disposición de los 40 diputados o en un cajón? Tercera: Amarilla dijo que en 2023 el Fondo Especial del Tabaco destinó $511 millones a bioinsumos y menos de $85 millones a becas. El primer número es real: la Resolución 292/2023 de la Secretaría de Agricultura aprobó $511.261.964,40 para “provisión de bioinsumos”; el de las becas no pude verificarlo. La firma que según investigaciones periodísticas proveyó esos bioinsumos, Agro Sustentable SA, ya apareció en nuestra nota del 3 de septiembre. Que el pedido llegara con Julio César y el síndrome de Estocolmo no exime de responder los números.


Electrodependientes: lo que no se contestó. Un diputado de La Libertad Avanza, con apoyo de UCR y PRO, pidió informes (71.704) a partir de un fallo de Cámara que condenó a EMSA, con daño punitivo, por la muerte de un niño de 3 años que dependía de equipos eléctricos, según relató. Tres puntos verificables: la ley nacional 27.351 obliga a la distribuidora a entregar un grupo electrógeno sin cargo (artículo 6), y es así; un convenio de 2018, aprobado por el decreto 1839/18, puso esa compra a cargo del Ministerio de Salud “si hay partida”, que no es lo que dice la ley; y el ente regulador eléctrico que creó la Ley X-17 nunca se constituyó. Dijo que esa ley tiene “más de 20 años”: en realidad es de 1995, son 31.


Aumada respondió con “caso aislado”, aumentos de 200 a 300% en la energía y los recortes nacionales a discapacidad. No contestó el convenio, el ente ni el generador. La tarifa tampoco se explica solo con Buenos Aires: el precio mayorista depende de Nación, pero EMSA es una empresa del Estado misionero y su tarifa de distribución y su control dependen de la provincia. Bárbaro replicó con el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que está en la justicia federal: acusaciones, no condenas. Mucho Buenos Aires, poco decreto 1839.


Un pedido con números. Una diputada de La Libertad Avanza pidió al Superior Tribunal un diagnóstico de la tercera circunscripción judicial (zona norte y ruta 12). Con el último anuario publicado, el de 2024, mostró que ingresaron 6.354 causas y se resolvieron 67 de cada 100, y aclaró que ingresos y resoluciones no son los mismos expedientes y que más juzgados no equivalen a mejor justicia sin saber qué falla. Con un Presupuesto 2027 del Poder Judicial de más de $217.000 millones y 4.290 cargos permanentes, preguntar es lo mínimo.


La declaración que contó la mitad. Lemes, del oficialismo, incorporó al Boletín una declaración de preocupación por los US$1.023 millones que según la Auditoría General de la Nación perdió el Banco Central en derivados de oro en 2025. El dato es del informe. Falta la otra mitad: el BCRA respondió que esos derivados cubren todo su oro y que la posición total dio una ganancia neta de US$2.505 millones; y la AGN la preside Juan Manuel Olmos, exvicejefe de Gabinete de Alberto Fernández. La discusión de fondo, si un seguro se mide solo o junto con lo que cubre, merecía las dos versiones.


Para seguir

• Cannabis medicinal y cáñamo industrial (Soler): proyecto integral con apoyo de Mendoza, la UNaM y organizaciones; obtuvo preferencia.


• Industria forestal (Hall): proyectos para derogar la ley del Infopro y la ley que declara insalubre a la industria de celulosa y papel. Hall se apoya en el fallo de la Corte del 10 de septiembre, pero la Corte declaró inconstitucional solo el artículo 1 (la declaración general) y aclaró que no invalida la resolución 185/2012, que identificó sectores insalubres de Papel Misionero. El fallo marca ir sector por sector; no exige derogar todo. Puede defenderse como política para atraer inversiones, pero es una decisión, no una consecuencia.


• Reglas electorales (Hall): debates preelectorales obligatorios y “fiscal informático” en el escrutinio, a las puertas de 2027.


• Fuerzas de seguridad y Cámara: una mesa de concertación salarial por ley (Bárbaro, 71.703) y un pedido de información pública sobre el parque automotor de la propia Cámara (Ríos, 71.701).


• Una pista: Hall rindió homenaje a empleados municipales precarizados que habrían sido presionados para firmar una afiliación partidaria. No dijo qué municipio ni quién presionó.


• Granizo: Bárbaro habló de una granizada en San Pedro, Dos de Mayo (según la desgrabación), San Vicente y Campo Grande, con tabaco perdido, y pidió asistencia al Ministerio del Agro. No hubo respuesta en el recinto.


Mi lectura

La sesión mostró dos Cámaras. Una trabaja: se sienta con gremios, productores y el Ministerio de Ecología, pelea antes y vota después, y se nota en la ley de jubilados y en el registro de plantaciones. La otra hace vidriera: cuando faltan datos, aparecen adjetivos. “Show”, “like”, “tribunero”, “genuflexo”, “inteligencia artificial”: cinco descalificaciones en una tarde y ni un solo número sobre costos, asistencia o resultados.


Hay una asimetría que el oficialismo debería mirar: no se puede pedir confianza y rechazar hasta la preferencia de un pedido de informes. Y otra que la oposición debería mirar: no se puede pedir más tiempo sin mostrar qué se hizo con el que hay, ni olvidar el artículo 97 y sus 14 firmas. Los dos reclaman el territorio; ninguno le contó al territorio cuánto cuesta cada ley que votó.


Lo bueno, con nombre: el método de Pastori con los gremios y el de Miguel Núñez con los productores; el pedido de diagnóstico judicial, que trae cifras y límites; el pedido de las ambulancias; y el de electrodependientes, aunque nadie lo contestó. Lo que falta no es complicado: leer menos expedientes en voz alta y publicarlos, ordenar el plan de labor con un tope, que cada ley llegue con su costo y que la asistencia a comisiones se publique.


La próxima sesión, el 29 de octubre, será la última del período. Veremos si el tiempo alcanza para lo que importa o si otra vez se va en el boletín.

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