Por Daniel Orloff

Hay leyes que se sancionan para cambiar la realidad, y hay leyes que se sancionan para simular que se hace algo. La Ley VIII N.º 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos perteneció a esa segunda categoría. Y su modificación de este jueves no es una corrección como dijeron, es la confesión de que, durante tres años, se prohibió un producto sin tener lista ninguna alternativa, y ahora se levanta la prohibición sin haber resuelto tampoco el problema de fondo, que la situación no es solo productiva, también es sanitaria. El glifosato envenena. Eso no se discutió en serio cuando lo prohibieron en 2023, y tampoco se discutió en serio cuando lo volvieron a habilitarlo este jueves.

La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la derogación del artículo 7, el que prohibía el uso de glifosato en toda la provincia. Cuarenta votos a favor, ninguno en contra. Entre ellos, Carlos Rovira, el mismo que conducía la Cámara cuando se sancionó la prohibición. En la política misionera, parece, la memoria dura lo que dura un video institucional.

Tres años de prórroga para terminar en lo mismo

En 2023 se le dieron dos años a la provincia para reemplazar el glifosato por bioinsumos. En los hechos, esa prohibición nunca llegó a aplicarse: el Ejecutivo la fue postergando por decreto (1608/2024, después 1675/2025) hasta estirar la transición a cinco años. Primero la ley, después la prórroga, después la prórroga de la prórroga, y ahora la derogación, lisa y llanamente. El diputado Martín Arjol dijo: "la ley nació muerta" porque "chocaba con la ciencia y con la realidad". El diputado Miguel Núñez reclamó una disculpa pública para los productores que, durante dos años, fueron tildados poco menos que de irresponsables por advertir exactamente lo que terminó pasando. 

Lo que sí notamos es que nadie pidió disculpas por los años en que, mientras se discutía en el recinto, el productor siguió aplicando glifosato, con mochila al hombro, porque no tuvo o no le dieron otra opción real.

El único que dijo algo coherente fue Cacho Bárbaro

Increíblemente el único que puso el dedo en la llaga fue Héctor "Cacho" Bárbaro: "el uso agroquímico perjudica la salud gravemente". Contó el caso de colonos que se enferman por la fumigación con mochila; describió, con nombre de vecino y todo, la escena típica de la región: "che, dejá pasar ese veneno, que mata mi verdura", y admitió que él mismo usó glifosato el año pasado y que no quiere seguir haciéndolo, aunque hoy no tenga con qué reemplazarlo. Pidió, además, una campaña estatal fuerte de concientización sobre el daño a la salud, la tierra y el agua (como tantas otras campañas de concientización que jamás llegan).

El punto duró exactamente lo que duró su intervención. Nadie lo retomó, nadie lo cruzó, nadie propuso investigar si hay una alternativa viable, si el productor puede pagarla. De todas esas preguntas ninguna reemplaza la que nadie se animó a hacer en voz alta: ¿y la salud del que aplica el producto, qué lugar tiene en esta ley? ¿Nuevamente se hace cargo el estado? ¿condenamos a las actuales y nuevas generaciones?

Creo que es oportuno nombrar al fallecido Dr. Hugo Gómez Demaio, quien durante más de dos décadas fue jefe de Cirugía Infantil del Hospital de Pediatría de Posadas y documentó tasas de malformaciones del cierre del tubo neural muy por encima de la media en zonas de fumigación intensiva (evidencia clínica y epidemiológica seria, aunque hablaba de agrotóxicos en general, no solo de glifosato). Ese trabajo nadie lo mencionó ni una sola vez en casi dos horas y media de sesión sobre esta ley puntual. Ni siquiera Bárbaro. Quizás se olvidó, quizás no convenía hacerlo. 

La alternativa que prometieron, y lo que dijo el SENASA

Para justificar la prohibición de 2023, el Estado provincial presentó una alternativa: Agro Sustentable SA, con su producto BioHerb, repartido "gratis" entre productores como bioherbicida reemplazante del glifosato. Hubo entrega de muestras, actos oficiales, funcionarios sonrientes.

En 2024, el diputado Miguel Núñez le pidió una respuesta formal al SENASA. El organismo contestó que el registro en cuestión (BIOHFRB, N.º 41100) no correspondía a un herbicida sino a un "insecticida, acaricida y coadyuvante" (es decir, un producto pensado para combatir plagas, no malezas) y que ni siquiera aparecía fabricado en la planta misionera que se mostraba en los actos oficiales. No sabemos si esa situación registral cambió desde entonces; no tenemos constancia de que así sea, y tampoco lo afirmamos como un hecho actual. Pero con esa salvedad, lo que trascendió en su momento alcanza para una pregunta incómoda: si la alternativa que se ofreció no estaba ni siquiera registrada para lo que decía hacer, ¿a quién se estaba reemplazando realmente, al glifosato o al escrutinio público?

Y ahí aparece el apellido que nadie pronunció el jueves: según quedó documentado en 2024 a través de un trámite conjunto ante el INPI, Ramiro Gastón Rovira, hijo de Carlos Rovira, figuraba como socio comercial del presidente de esa empresa. No vamos a acusar a nadie con esto (no tenemos elementos para hacerlo), pero sí corresponde preguntar quién diseñó esa política de sustitución, con qué información contaba, y por qué esa pregunta no se hizo en el recinto cuando se discutió derogar la ley que ese mismo producto debía sostener.

¿Existe hoy una alternativa real? Solo en parte, y no a esta escala

Hay bioherbicidas de verdad (a base de ácido pelargónico, extractos vegetales o microorganismos, con registro efectivo para control de malezas) que en ensayos controlados logran entre 70% y 90% de eficacia, comparable en algunos casos al glifosato. El problema es que esa evidencia es mayormente de frutales, hortalizas o parcelas chicas, no de cultivos extensivos como el té, el tabaco o el mantenimiento de grandes superficies forestales y yerbateras, que es la realidad productiva de Misiones. Y "bio" tampoco es sinónimo de inocuo: el propio ácido pelargónico es fitotóxico e irrita piel y ojos en manejo directo. 

Es decir: es cierto que hoy no hay un reemplazo a la escala que necesita la provincia. Pero de ahí no se sigue que la respuesta correcta sea resignarse a treinta años más de glifosato sin ningún plan sanitario que acompañe. Ninguno de los dos extremos: prohibir sin alternativa, o permitir sin control.

El resto de la sesión, para no perder de vista el resto

Antes de llegar al glifosato, la Cámara dedicó más de cuarenta minutos a incorporar expedientes al Boletín de Asuntos Entrados (BAE): decenas de declaraciones de interés por aniversarios, congresos, ferias y fiestas populares, la mayoría trámite puro. Entre eso, Bárbaro presentó también un proyecto para incluir a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica en el registro de electrodependientes, para que accedan a tarifa eléctrica subsidiada (unas veinte familias alcanzadas, según sus propios números). Blanca Núñez hizo aprobar sobre tablas un reconocimiento a la primera consolidación del digesto jurídico municipal de San Vicente. Y hubo un homenaje, con aplauso incluido, al piloto Martín Tomás y el navegante misionero Juan Pablo Pernigoti, segundos en la clase RC4 del Rally del Paraguay.

También pasó, casi sin comentarios, la declaración de beneplácito por la visita de Milei a la provincia (la votación tuvo que reabrirse dos veces porque varios diputados no habían expresado su voto a tiempo. Increíble.) y la presentación que hizo el diputado Mansoni (LLA) de "Presupuesto Abierto Misiones", una herramienta digital no oficial lanzada el 30 de agosto para rastrear en qué se gasta el presupuesto provincial. La iniciativa es un aporte real a la transparencia, con antecedente nacional en presupuestoabierto.gob.ar. Veremos si la Cámara la reconoce formalmente.

Cerca del final, la Cámara recibió a la subcomisaria Mariela Costa, jefa del departamento de negociaciones de la Policía de Misiones, por haber completado el curso de la Policía de las Naciones Unidas en Campo de Mayo (con 100 sobre 100 en tiro y conducción) y por ser la primera integrante de una fuerza provincial en formarse como negociadora para escenarios de crisis internacionales. Y la sesión cerró con una tanda de homenajes de rutina: el Día de las Secretarias y Secretarios, el Día Nacional del Inmigrante en el marco de la 46ª Fiesta Nacional del Inmigrante de Oberá, el Día del Empleado Público Provincial, y un cierre emotivo para Franco Villamayor, un chico de diez años de Posadas que debuta en las inferiores de Independiente (pelota de regalo incluida).

Entre el glifosato y el resto de la agenda, quedaron también tres pedidos de información que importan más de lo que el clima de sesión les dio. Kurz reclamó que el Ejecutivo detalle, en veinte puntos, cómo va a funcionar la nueva aplicación de salud que reemplaza a AlegraMed (la plataforma que, según reconoció el propio oficialismo, "nunca funcionó") y qué pasará con los datos sensibles de salud ya cargados. La diputada Elvani Elisa Goríng (PAyS) pidió precisiones sobre el estado real del régimen de jubilación para amas de casa. Y el diputado Ramón Amarilla presentó un pedido de informe sobre cuántos diputados tienen custodia policial personal, quién la asignó y a qué costo. Habrá que ver si alguna vez llega la respuesta.