La decimosexta sesión ordinaria de la Cámara de Representantes de Misiones (54° período legislativo, 18ª reunión) tuvo un elemento más interesante que el resultado de las votaciones: durante casi cuatro horas, el recinto habló de problemas concretos de la provincia, pero también dejó expuesta una discusión más profunda sobre qué debe hacer una Legislatura cuando los recibe.
La sesión comenzó con 38 diputados presentes y se extendió hasta pasadas las 20. Hubo 40 incorporaciones al Boletín de Asuntos Entrados (BAE), diez pedidos de informe, seis proyectos de ley, y una decena de declaraciones de interés, preferencias, sobre tablas y homenajes.
Una cosa es declarar de interés, homenajear o acompañar. Otra, bastante distinta, es controlar al Ejecutivo, exigir información, modificar una norma, asignar recursos o hacer cumplir lo que ya está escrito. En esa diferencia estuvo buena parte del jueves.
El presupuesto se debate sin conocer sus números
El caso más claro fue también el más contundente: la Cámara votó en contra de los diez pedidos de informe presentados por el diputado Adrián Núñez (La Libertad Avanza) sobre el uso de fondos públicos en el Ministerio de Hacienda, la ATM, la Biofábrica, Misiones Farm, Aguas Misioneras, el Banco Provincial en Liquidación, Marandú Comunicaciones, el Mercado Central, la Fiduciaria Misiones y el Multimedio SAPEM. No eran declaraciones simbólicas ni proyectos de ley. Eran pedidos de información sobre cómo se gasta el dinero de los misioneros en sociedades del Estado que, según el propio diputado, ni siquiera se hicieron presentes en la comisión de presupuesto. Lógicamente, fueron rechazados, con la particularidad de que Rovira siquiera votó.
En una sesión donde se aprobaron decenas de declaraciones de interés, los pedidos de información sobre el uso de fondos públicos no avanzaron. La discusión sobre el Presupuesto 2027, que la Cámara prevé sancionar la semana próxima, queda entonces atravesada por un payé: se debate la principal ley económica de la provincia, pero se rechazan los pedidos para conocer algunos de los números que la sostienen.
El oficialismo, por boca del diputado Juan José Szychowski (Movimiento por lo que Viene, ex Frente Renovador), sostuvo que la información ya fue brindada durante un mes de reuniones de comisión y calificó los pedidos de "show mediático". El diputado Castro (PAyS) acompañó los diez proyectos igual, aclarando que varias respuestas del ministro de Hacienda (sobre todo las referidas a organismos descentralizados como el Parque de la Salud) no habían quedado esclarecidas ni siquiera para él. La diputada Rosa Margarita Kurtz (UCR) también adelantó su acompañamiento invocando transparencia. No alcanzó: los diez pedidos cayeron.
La pregunta que queda no es quién tiene razón discursivamente. Es verificable: si un ministro concurre a una comisión y responde preguntas, ¿alcanza eso para considerar cumplida la obligación constitucional de informar? La respuesta debería terminar en una planilla pública, no en un rechazo en el recinto.
Antigüedad: una discusión que lleva 26 años
El diputado Cristian Castro (PAyS) pidió preferencia para el expediente que busca terminar con el congelamiento del adicional por antigüedad de los empleados públicos, vigente desde el año 2000 con un tope máximo del 0,5% del sueldo básico por año de servicio. El proyecto no propone un aumento directo, sino que cada poder del Estado defina su propio régimen dentro de 90 días, con progresividad y sustentabilidad presupuestaria. Castro mencionó que el propio ministro de Hacienda admitió que el tema podría discutirse en el marco del Presupuesto 2027.
Si una medida "extraordinaria" se sostiene 26 años, deja de ser extraordinaria. La pregunta que falta responder: ¿cuánto costaría descongelar el adicional, por poder y por escalafón, y qué impacto tendría sobre la masa salarial? Esa es información que todavía no está sobre la mesa.
Puerto Piraí: el propio debate se contradice
El diputado Ramón Amarilla llevó al recinto una botella con el agua que, según relató, consumen los vecinos de Puerto Piraí, que llevaban 19 días acampando frente al municipio. El representante legal municipal sostiene que el agua es apta para consumo y que existen análisis de la UNaM y del EPRAC que lo avalan, pero cuando se pidió acceso a esos informes, la respuesta fue que había que presentar notas formales para verlos.
Lo más revelador no fue lo que dijo Amarilla, sino lo que dijo a continuación el Walter Fabio Báez de La Libertad Avanza, que respaldó el pedido: afirmó que el agua "claramente no es apta para consumo" y, en la misma intervención, citó al director técnico de la UNaM, quien había encontrado que de siete puntos muestreados, solo uno no era potable. Es decir, el propio legislador que reclama datos duros construye su conclusión sobre un dato que no la sostiene del todo. Eso no invalida el reclamo de fondo (los vecinos llevan más de 15 días esperando una respuesta institucional, y el EPRAC no cumplió el plazo de diez días que se había comprometido a entregar), pero sí muestra cuánto cuesta, incluso a quienes piden transparencia, sostenerse solo en los números. El pedido de preferencia fue aprobado; la respuesta del EPRAC, no.
Vivienda, IPRODHA y una respuesta que parece que sí llegó
El diputado Carlos Horacio Martínez (Movimiento por lo que Viene, ex Frente Renovador) declaró de interés el décimo aniversario de la Fábrica Social (ex Fábrica Social Techo), que generó cerca de 10.000 soluciones habitacionales en una década y provee a todo el NEA. Su frase más honesta fue casi al pasar: "No es que no se haga nada, sino que lo que se hace no alcanza". Sin un cálculo de cuántas familias necesitan vivienda en la provincia y a qué ritmo se construye, esa frase describe el problema pero no lo dimensiona.
El caso de IPRODHA sí tuvo una resolución en vivo, poco común en esta sesión. El diputado Santiago Nicolás Koch (UCR) pidió informes sobre la convocatoria 250, cuyos beneficiarios fueron sorteados en 2024 y todavía esperan la entrega de sus viviendas pese a tener pagadas, muchos de ellos, las 15 cuotas de ahorro previo exigidas. El diputado José Luis Pastori (Movimiento por lo que Viene, ex Frente Renovador) respondió en el momento: al día siguiente el IPRODHA entregaría una nueva tanda de 60 viviendas de esa misma convocatoria en el Barrio Itaembé Guazú, y el instituto había decidido además reemplazar el índice UVI (Unidad de Vivienda) por las pautas salariales de la administración pública para el cálculo de las cuotas. Ese es el estándar que debería regir el resto del debate público: una pregunta, una respuesta verificable al día siguiente.
Producción: lechería y citrus, mismo problema de fondo
El diputado Bárbaro (PAyS) impulsó un proyecto para fortalecer las cuencas lecheras, con foco en Colonia Aurora, donde estimó más de 150 familias involucradas en tres cooperativas. La cooperativa Sol de Aurora acopia 160.000 litros de leche al mes y produce cerca de 21.000 kilos de queso, pero de cada diez litros de leche sobran nueve de suero que hoy se tira por falta de inversión para darle valor agregado, algunos lo regalan para la cría de cerdos como un alimento nutricional. Bárbaro también señaló que esa misma cooperativa pagaba 220.000 pesos de luz en 2023 y hoy paga casi 3 millones, lo que se traduce directamente en menor precio para el productor. El proyecto fue aprobado por unanimidad.
Con la citricultura pasó algo distinto: la diputada Analía Bibiana Labandoczka (PRO) no pidió una ley nueva, sino que se cumpla la resolución 113 de 2020, que exige a toda la fruta comercializada en la provincia (venga de donde venga) los mismos controles de trazabilidad que hoy solo se aplican al productor misionero. El diputado Castro citó un caso concreto: un camión detenido en Chaco que traía fruta de contrabando ingresada por la frontera de Misiones. A veces el problema no es la falta de norma, sino la falta de fiscalización de la que ya existe.
Agua y energía: dos negocios del Estado bajo la lupa
Dos proyectos apuntaron en la misma dirección: cuestionar cobros estatales sin contraprestación clara. El diputado Walter Báez (La Libertad Avanza) pidió preferencia para modificar la ley de creación de Aguas Misioneras (AMSE), que según denunció intima a productores rurales a pagar una tasa por el agua que extraen de pozos propios para sus animales, algo que la ley no habilitaría. El pedido fue aprobado para su tratamiento. Horas después, la Cámara aprobó (con el voto en contra del bloque de La Libertad Avanza) una declaración de beneplácito por la exención de un canon de 15 meses que AMSE le cobraba al Clúster de la Mandioca Misionera por captación de agua de lluvia. El diputado Osvaldo Héctor Manzoni (LLA) fue el más claro: "Intentan disfrazar de beneficio algo que nunca debió haberse cobrado". Los dos expedientes hablan, en el fondo, del mismo problema: un canon que el Estado cobra sin haber invertido en la captación.
El propio Manzoni pidió preferencia para otro pedido de informe, este a EMSA, sobre por qué la empresa traslada a los futuros usuarios (vecinos que quieren conectarse por primera vez a la red eléctrica) el costo de la extensión de líneas, cables y transformadores, con montos que citó en hasta 11 millones de pesos para una familia. La Cámara le otorgó la preferencia solicitada, así que el pedido queda habilitado para tratamiento en una próxima sesión.
El punto político: coherencia hacia adentro
Sobre el final apareció la discusión más directa de la sesión. Manzoni marcó que un proyecto de su bloque presentado el 3 de septiembre sobre la misma herramienta de transparencia del gasto público "Misiones" seguía a estudio en comisión, mientras un proyecto en los mismos términos, presentado la semana pasada, tuvo dictamen y se aprobó ese mismo jueves. Habló de una "dicotomía" entre el discurso de apertura hacia la oposición y el trato real que reciben sus proyectos. El reclamo no debería aceptarse ni descartarse por default: se resuelve comparando fechas de ingreso, giro a comisión y dictamen de ambos expedientes. Si la Cámara habla de una nueva etapa de diálogo, esa es la prueba que debería estar disponible para cualquiera.
Lo demás
Se aprobaron además la creación del Registro Provincial de Iglesias y Confesiones Religiosas (que sí cambia el trámite administrativo entre el Estado y las organizaciones religiosas, más allá del debate histórico que generó), el proyecto "Cuadrillas de Esperanza" de la Escuela Técnica N° 39 de El Soberbio, que vincula las prácticas profesionalizantes de sus alumnos con la reparación de viviendas dañadas por la crecida del Río Uruguay, y un fondo especial de emergencia climática para productores afectados por fenómenos meteorológicos. La sesión cerró con homenajes al Día del Turismo, contra la trata de personas, al empleado de comercio, al Día Marítimo Mundial y un especial recuerdo a Juan "Patán" Bareiro, trabajador de la propia Cámara fallecido días antes.
La verdadera medida de la sesión está afuera del recinto
Después de casi cuatro horas, la sesión deja un mapa de los problemas de Misiones: familias esperando viviendas ya sorteadas, vecinos sin certezas sobre el agua que toman, productores citrícolas reclamando controles que ya existen en el papel, trabajadores estatales con un congelamiento de 26 años, y un presupuesto que se debate sin los números que la propia oposición pidió y no consiguió.
La pregunta que deja esta sesión no es qué bloque ganó una votación. Es qué pasa con estos expedientes cuando se apaguen las cámaras: si el agua de Piraí se analiza y se garantiza, si el IPRODHA entrega mañana lo que prometió, si alguien vuelve a pedir esos diez informes que hoy cayeron. La Legislatura puso los temas sobre la mesa. Falta ver cuántos llegan a la realidad.
Videos gentileza: Canal 21 TV.
