La decimoquinta sesión ordinaria de la Cámara de Representantes del pasado jueves comenzó con 39 diputados y una agenda como cajón de costurera: leyes, pedidos de informes, beneplácitos y homenajes por el Día del Profesor. Vista en conjunto, la sesión dejó una pregunta bastante más interesante que el listado de expedientes: cuánto de lo que se afirmó en el recinto puede sostenerse cuando aparecen los números.
Se aprobaron, entre otras iniciativas, el programa de atención integral para personas con fisura labio alveolopalatina y frenillo lingual corto, el Día del Inmigrante Ucraniano y sus Descendientes y un convenio marco con la Fundación Hanns Seidel.
Después llegaron los pedidos de informes. Lemes reclamó a Nación información oficial sobre el impuesto a los combustibles. Castro cuestionó el Presupuesto nacional 2027 y pidió modificaciones. Desde el radicalismo se habló de una caída del 56% de los aportes nacionales desde 2023 y de 19.000 millones de pesos menos de coparticipación en un año. En este último caso, la exposición no incorporó las series oficiales necesarias para reconstruir esos porcentajes, curioso.
Adrián Núñez llevó la discusión hacia la administración provincial. Propuso reducir del 13% al 5% la retención que Rentas destina a su funcionamiento y sostuvo que, según las cuentas generales que citó en el recinto, el organismo habría devuelto a Tesorería unos 19.200 millones de pesos de excedente en 2024 y 114.000 millones en 2025.
El capítulo de los consumos problemáticos fue bastante más difícil
Bárbaro pidió preferencia para su proyecto de emergencia provincial por 48 meses. Habló de un aumento del consumo, de la preocupación de las madres en los barrios y de la presencia de vendedores. También relató conversaciones con tareferos en las que, según dijo, seis o siete de cada diez consumirían drogas. Agregó que la droga llega a los barrios en moto y cuestionó que las autoridades no detecten esas situaciones.
El problema no es que un legislador lleve el problema al recinto, sino que use su percepción como dato estadístico. Seis o siete de cada diez no es una estadística provincial si no se conoce cuántas personas fueron consultadas, dónde, cuándo y qué se entendió por "consumir". Consumo ocasional, consumo problemático, necesidad de tratamiento y participación en la venta son categorías diferentes.
Tampoco quedó demostrado en la sesión que el consumo haya aumentado por las políticas del Gobierno nacional, básicamente hay más personas adictas porque gobierna Milei. Una cosa es describir una situación social y otra establecer una relación causal como lo hizo Bárbaro y lo acompañó Szychowski.
En este punto apareció otra afirmación que merece ser contrastada. Bárbaro sostuvo que no había centros de recuperación. La Ley XVII-141, sancionada en 2021, creó el Centro Provincial de Asistencia Integral para el Control de las Adicciones con sedes en Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú. La misma norma establece que los datos de las personas incorporadas al programa deben mantenerse bajo reserva y pueden utilizarse con fines estadísticos y educativos. Eso no permite afirmar que la estructura sea suficiente. Pero tampoco permite decir que no existe.
La propia Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas organizó en abril el Congreso "Evidencia que Transforma", presentado oficialmente como un espacio para fortalecer políticas públicas a partir de evidencia empírica. Allí participaron el Observatorio Provincial de Drogas y sistemas de información, se presentó un nuevo Mapa Provincial de Protección y se expuso un estudio sobre conductas de riesgo en adolescentes escolarizados de Puerto Rico. La fuente es la propia Provincia, a través de la Secretaría de Estado.
Es decir, la discusión oficial ya reconoce que para intervenir hacen falta datos. En la sesión, sin embargo, buena parte de los datos utilizados fueron percepciones, ejemplos particulares o cifras cuya fuente nunca apareció completa.
Transparencia en el gasto y agenda de inclusión en salud: La transparencia en la administración de recursos públicos sumó un fuerte cruce a partir de un pedido de preferencia presentado por la diputada Báez (La Libertad Avanza), orientado a prohibir que empresas u organismos del Estado destinen partidas publicitarias o fondos públicos al financiamiento de deportes, hobbies o actividades particulares de funcionarios y sus allegados directos. Por otro lado, en la agenda sanitaria y de inclusión, el diputado Coach impulsó la creación del Programa Provincial de Diagnóstico por Imagen Inclusivo Bariátrico, diseñado para equipar los centros de salud de alta complejidad con tomógrafos, resonadores y camillas adaptadas para pacientes con obesidad severa, garantizando el acceso a estudios de diagnóstico sin discriminación técnica.
La yerba mate ofreció otro ejemplo
Arjol pidió gestionar ante Nación una modificación del Código Alimentario para bajar el máximo de palo en la yerba elaborada del 35% al 25%. El Código vigente establece un mínimo de 65% de hojas y un máximo de 35% de palo.
La cuenta del diputado tiene lógica matemática: una industria que hoy utilizara exactamente el máximo permitido pasaría de 650 a 750 gramos de hoja por kilo de producto. Eso representa un aumento del 15,4% en el componente de hoja. Pero el Código establece un máximo, no dice que toda la industria trabaje en ese límite.
La propia documentación oficial de la Indicación Geográfica Yerba Mate Argentina, de la Secretaría de Agricultura de la Nación, describe un promedio de 70% de hojas secas y trituradas y 30% de palo. Por eso, para calcular el efecto real de bajar el máximo del 35 al 25% habría que conocer primero cuánto palo contiene efectivamente la yerba que hoy llega al mercado.
Hay además un segundo problema: aumentar la proporción de hoja utilizada por la industria no garantiza por sí mismo que el productor reciba un precio mayor. El INYM calculó en octubre de 2025 un costo de producción de $423,99 por kilo de hoja verde puesta en secadero, aclarando que se trata de un costo bruto promedio referencial y que no incluye margen de utilidad.
Por eso, entre una modificación del Código Alimentario y un mejor precio para el productor existe una cadena completa de mercado que también debería entrar en la cuenta.
La propuesta de bajar el palo tampoco nació esta semana. El diputado Mela presentó en 2025 el expediente D-67262/25, que propone exactamente reducir del 35% al 25% el máximo permitido.
El paquete de seguridad y la crisis de la fuerza policial
La tensión por la situación de la policía provincial ocupó un lugar central de la mano del diputado Adrián Núñez, quien presentó un paquete de seis proyectos enfocados en la reestructuración y contención del personal policial. Entre los puntos más críticos, Núñez fundamentó la urgencia de declarar la emergencia en las comisarías de la provincia ante la sobrepoblación carcelaria, revelando que hay más de 1.000 detenidos alojados en dependencias policiales, con celdas de 3x3 metros ocupadas por hasta ocho personas en condiciones extremas de hacinamiento. Asimismo, expuso una alarmante estadística interna: al menos diez efectivos policiales se habrían quitado la vida en lo que va del año, lo que motivó la propuesta de un programa provincial de prevención e intervención en salud mental específico para la fuerza. El paquete se completó con iniciativas para restringir la asignación de custodia policial exclusiva a funcionarios y para crear una defensoría legal para el personal en acto de servicio.
Quedó otro bloque de iniciativas que, al menos desde el planteo, intenta construir información. Franco propuso un Índice de Calidad de Vida Misionero que incorpore resultados y percepción ciudadana. Manzoni pidió datos sobre familias que enfrentan presupuestos millonarios para acceder a la electricidad. Núñez volvió sobre la cantidad de detenidos alojados en comisarías.
La sesión tuvo problemas reales para discutir y proyectos concretos para abordarlos. Lo que faltó en varios pasajes fue algo menos vistoso: la serie que permita saber si el diagnóstico es correcto, cuánto mide y si la solución propuesta modifica realmente aquello que se pretende cambiar.
En política, una percepción puede abrir una pregunta. Para cerrarla hacen falta datos.
