Por Daniel Orloff
Cuando la séptima sesión ordinaria arrancó nadie se imaginó que iba a dejar más preguntas que respuestas. En los primeros cuarenta minutos, se plantó el nudo de la jornada: tres proyectos casi calcados sobre declaraciones juradas patrimoniales, presentados uno detrás del otro por Osvaldo Manzoni (La Libertad Avanza), Ramón Amarilla (Algo Nuevo) y Cristian Castro (Partido Agrario y Social). Tres bloques de la oposición, un mismo diagnóstico, y una pregunta que flotó en el recinto sin que nadie la dijera en voz alta: ¿por qué ahora?
La transparencia que necesita un escándalo para despertar
La respuesta, en parte, la dio el propio Castro: el PAyS ya había presentado una iniciativa idéntica en 2013, impulsada por Héctor "Cacho" Bárbaro. Lo que la reflotó no fue una convicción nueva sino la onda expansiva de un escándalo nacional (que, vale aclararlo, es mediático ya que ni siquiera está judicializado) sobre el patrimonio de funcionarios de primera línea. Usar eso como disparador en una legislatura provincial no es transparencia: es oportunismo. Castro no se guardó la chicana y dijo que en su caja de zapatos lo único que encontró fue "una media vieja agujereada". Habrá que ver.
Pero hay algo más que la coincidencia temática entre los tres proyectos. Manzoni, Amarilla y Castro no son tres diputados que se despertaron el mismo día con la misma idea. Son bloques que hace pocas semanas fueron vistos juntos y que generaron rumores concretos de alianza opositora. Una alianza que desde adentro del sistema puede tener toda la lógica del mundo para ellos: sumar para competir, ordenar el espacio, construir alternativa, pero que desde el votante se lee diferente: como un arreglo. Y los arreglos, en política misionera, no suman votos. Los restan. Que los tres presenten proyectos casi calcados el mismo día, sobre el mismo tema, impulsados por el mismo viento nacional, no parece casualidad, aunque La Libertad Avanza en Misiones ya dijo que quiere ir sola en las elecciones del año que viene. Raro.
Los tres proyectos comparten el qué pero difieren en el cómo. Manzoni planteó digitalización con blockchain e inteligencia artificial para trazabilidad de contrataciones. Amarilla apuntó a la contradicción más obvia: cualquier ciudadano puede consultar el patrimonio de un funcionario nacional gracias a la Ley de Ética Pública, pero un diputado provincial, un ministro o el propio gobernador misionero mantienen el suyo bajo estricto secreto. Castro solo quiere modificar dos artículos de la Ley IV N° 21 para que la declaración se actualice cada año en lugar de cada dos, se exija antes de asumir, tenga sanciones claras y publique en una web los datos de valor y cantidad de bienes, sin exponer números de cuenta, domicilios ni patentes. Dice que.
El oficialismo lleva décadas sabiendo lo que hace y cuándo hacerlo
La diputada Paula Franco presentó el proyecto de digitalización y despapelización del Estado provincial: identidad digital única, expediente electrónico, portal único de trámites. Veremos como funciona porque hoy por hoy pedir una copia digital del pago de un impuesto en Rentas es casi imposible, para funcionar así mejor sigan imprimiendo papel.
El cuarto intermedio, los docentes y la frase que quedó resonando
El momento de mayor tensión llegó cuando Castro pidió una moción de orden: diez minutos de cuarto intermedio para que los presidentes de bloque salieran a dialogar con los docentes que protestaban afuera. Se aprobó. Y se fue larga: terminó siendo casi media hora.
A la vuelta, el presidente de la Cámara marcó la cancha con dureza. Pidió que se tomara como "situación excepcional" y "única vez", recordó que existen mesas de entrada y horarios de oficina para los reclamos, y llamó a la "coherencia y responsabilidad" de los legisladores. Castro pidió disculpas por el exceso pero no bajó la guardia: citó el reglamento, recordó que un cuarto intermedio puede extenderse hasta el día siguiente si hace falta, y lanzó la frase de la tarde: la burocracia y el protocolo no pueden estar por encima de derechos vulnerados. Remató con una chicana que hizo ruido en el recinto: algunos, sugirió, tenían apuro por irse a ver un partido de fútbol que "ni siquiera es de la Selección".
El trasfondo de ese cruce lo había puesto en palabras Ramón Amarilla, con una dureza poco habitual en su tono. Denunció la criminalización de la protesta docente y el enjuiciamiento penal de dos maestros y referentes gremiales, calificándolo de incompatible con las garantías constitucionales de la actividad sindical. Habló de salarios destruidos por la inflación y de un acta de acuerdo que el Poder Ejecutivo provincial no cumplió.
Es, probablemente, el tema con mayor potencial de impacto social de toda la sesión. Y el que menos repercusión tuvo en los medios misioneros al día siguiente. Ese vacío merece una nota aparte.
Lo que se aprobó
En medio del cruce de chicanas y los discursos para las redes, la Cámara sancionó por unanimidad dos leyes que salieron con aplausos cruzados y sin debate de fondo.
La primera, de protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales y prevención de ludopatía infantil, respaldada en datos que sacuden: el 26% de los apostadores digitales tiene entre 12 y 14 años, y un 20% empieza a jugar antes de los 10. La segunda, de fortalecimiento de los procesos de vinculación adoptiva, apoyada en una estadística que emocionó al recinto: casi la mitad de las guardas con fines de adopción en Misiones terminan en devolución del niño al hogar de tránsito. Dos normas de fondo. Dos minutitos en la agenda mediática.
Es un síntoma que se repite con la regularidad de los calendarios: los temas donde hay consenso real avanzan rápido y pasan desapercibidos; los que generan rédito político individual (como las declaraciones juradas, o la limitación de la reelección indefinida de intendentes que la UCR viene presentando desde 2016) se estiran sesión tras sesión, alimentando el show sin resolverse nunca.
De hecho fue la UCR quien volvió a poner sobre la mesa otro proyecto que lleva años en el mismo lugar: limitar las reelecciones indefinidas de intendentes en municipios sin Carta Orgánica. La diputada Rosy Kurtz reimpulsó la iniciativa (presentada originalmente en agosto de 2025) que propone modificar la Ley Orgánica de Municipalidades para permitir solo una reelección consecutiva y exigir al menos una gestión de pausa antes de volver a competir. Lo nuevo esta vez es que la presión ya no viene solo de la oposición: un petitorio de vecinos de Candelaria ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales reclamando exactamente lo mismo. La UCR lo presenta desde 2016 en distintas versiones. La Cámara lo escucha, asiente, y lo manda a comisión. Próxima sesión, mismo proyecto, mismo destino.
Cierre de la jornada
La sesión cerró con homenajes. Día de la Bandera, reconocimiento a los tareferos, un minuto de silencio por Tati Almeida, felicitaciones cruzadas por el Día del Padre. El ambiente se aflojó. Las caras también.
Pero el eco que quedó no era de eso. Era el de una Cámara que discute transparencia cuando el escándalo llega de afuera, que se conmueve con la calle sólo cuando la protesta toca la puerta, y que aprueba sin discusión lo que debería ser política de Estado desde hace años.
El resto, por ahora, es cuarto intermedio y archivo.
Videos gentileza: Canal 21.
