El diputado provincial Ramón Amarilla volvió a exponer públicamente su diagnóstico sobre la situación de la Policía y el Servicio Penitenciario en Misiones. En una entrevista con Misiones Informa, planteó que el conflicto no se limita a lo salarial, sino que responde (según su mirada) a una crisis estructural que atraviesa a toda la administración pública.
Afirmó que los reclamos vienen desde hace más de una década y recordó los episodios de protesta registrados en 2012, 2020, 2022 y 2024. Sostuvo que muchos efectivos “se sienten desprotegidos” y que, cuando formulan cuestionamientos, enfrentan sanciones o marginación interna.
“No es solo el sueldo”
Amarilla explicó que el problema económico impacta directamente en la vida cotidiana de los agentes. Señaló que un policía que sale a cumplir servicio debería estar concentrado en su tarea y no en cómo llegar a fin de mes, pagar alquiler, servicios o sostener a su familia.
Cuestionó los incrementos salariales otorgados recientemente, que (según indicó) rondarían los 70 mil pesos en tramos, y consideró que resultan insuficientes frente al costo de vida actual. También afirmó que existen restricciones en el ingreso de nuevos aspirantes tanto en la Policía como en el Servicio Penitenciario por falta de recursos para sostenerlos.
Suicidios y salud mental
Uno de los ejes más delicados de su exposición fue la situación de salud mental en la fuerza. Amarilla aseguró que en el último tiempo se registraron 36 suicidios entre personal policial y penitenciario, y vinculó esos casos a una combinación de presión institucional, problemas económicos y dificultades para acceder a atención psicológica o psiquiátrica.
Relató situaciones en las que efectivos habrían solicitado asistencia en el policlínico policial sin obtener respuesta inmediata por falta de profesionales. En ese contexto, responsabilizó a la conducción política y a la plana mayor de la fuerza por no atender de manera integral esta problemática.
Obra social y sistema de salud
El legislador también cuestionó el funcionamiento de la obra social provincial. Habló de demoras en turnos, cupos limitados en sanatorios y pagos adicionales para acceder a cirugías. Planteó la necesidad de una auditoría integral para conocer el destino de los fondos y evaluar la prestación real de servicios.
Sostuvo que miles de trabajadores activos, retirados y pensionados aportan al sistema, y reclamó mayor transparencia en la administración de esos recursos.
Falta de equipamiento y recursos
Amarilla afirmó que existen móviles policiales con más de cinco años de uso sin renovación y partidas de combustible insuficientes para cubrir recorridas completas, especialmente en el interior de la provincia, donde las jurisdicciones son extensas.
También mencionó carencias en infraestructura y equipamiento en otras áreas del Estado, como educación, salud y el sistema penitenciario. Señaló que las deficiencias operativas podrían agravar la situación de seguridad si no se corrigen a tiempo.
Mesa de diálogo y proyectos legislativos
En el plano institucional, anticipó que presentará nuevamente pedidos formales para restituir la mesa de diálogo policial y penitenciaria reconocida en 2020 y luego desactivada. Además, aseguró que trabaja en proyectos vinculados al control del gasto público y la revisión del destino de fondos provinciales.
Consideró que el Ejecutivo debería sentarse con los representantes de los trabajadores y explicar con datos concretos la situación financiera de la provincia, en lugar de definir aumentos de manera unilateral.
Críticas al modelo de gestión
Amarilla extendió sus cuestionamientos al esquema general de administración provincial. Puso en duda la distribución de recursos, mencionó transferencias millonarias recibidas por la provincia y reclamó mayor claridad en la ejecución presupuestaria.
También vinculó la presión impositiva y los costos internos con el deterioro de sectores productivos como el yerbatero y el tabacalero, al señalar que existe una marcada diferencia entre el precio que recibe el productor y el valor del producto final.
Su detención y denuncias de irregularidades
Durante la entrevista, el diputado volvió a referirse a su detención en el marco de conflictos policiales. Aseguró que permaneció ocho meses y 24 días alojado junto a internos condenados pese a estar procesado, y denunció irregularidades en su prontuario. Sostuvo que su caso evidenciaría, a su entender, un funcionamiento arbitrario del sistema judicial provincial.
Llamado político
Finalmente, Amarilla sostuvo que continuará exponiendo lo que considera falencias estructurales del Estado misionero. Afirmó que su banca fue respaldada por más de 100 mil votos y que su función es expresar las demandas de trabajadores públicos y sectores productivos.
En ese marco, pidió a la ciudadanía revisar el rumbo político de la provincia y evaluar alternativas de gestión de cara a los próximos procesos electorales.
