El Gobierno de Misiones dispuso una reconfiguración amplia del organigrama del Poder Ejecutivo provincial mediante el Decreto N° 267, firmado el 24 de febrero y publicado en el Boletín Oficial N° 16.542. La medida, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, elimina direcciones, coordinaciones, secretarías privadas y otros niveles intermedios en 17 jurisdicciones del Estado.
La decisión se apoya en las facultades previstas por la Ley I – N° 70, conocida como Ley de Ministerios, que habilita al Ejecutivo a reorganizar la estructura administrativa para garantizar su funcionamiento.
Según los considerandos del decreto, la reforma surge de un “análisis exhaustivo” de la estructura vigente y apunta a racionalizar, modernizar y agilizar la administración pública. El diagnóstico oficial sostiene que varios niveles jerárquicos, creados en distintos momentos, dejaron de resultar funcionales a la dinámica actual de gestión.
Alcance de la medida
El artículo 1° dispone la supresión de los niveles jerárquicos detallados en los anexos I a IX. El artículo 2° establece que las unidades que dependían de las áreas eliminadas pasarán a depender directamente de la Unidad Superior de cada jurisdicción. El artículo 3° fija un plazo de 90 días para que ministerios y secretarías adecuen sus diseños organizacionales, lo que implica la reformulación de organigramas, manuales de funciones y circuitos internos.
La reestructuración alcanza a la Gobernación y a los ministerios de Gobierno; Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos; Desarrollo Social; Salud Pública; Agro y Producción; Ecología; Educación, Ciencia y Tecnología; Acción Cooperativa; Trabajo y Empleo; Turismo; Deportes; e Industria. También incluye a las secretarías de Estado de Energía, Agricultura Familiar, Cultura, Prevención de Adicciones y Cambio Climático.
Entre las áreas suprimidas figuran subsecretarías, direcciones generales, direcciones técnicas y coordinaciones vinculadas a prensa, planificación, programas y proyectos, asuntos jurídicos, administración, recursos humanos, logística, economía agraria, innovación tecnológica y distintas áreas de apoyo administrativo. En varios casos se eliminan secretarías privadas y coordinaciones generales de asesores, concentrando la conducción bajo dependencia directa de las máximas autoridades de cada jurisdicción.
Reordenamiento sin despidos
El decreto no dispone cesantías ni menciona recortes salariales. El texto oficial aclara que la adecuación “no se vincula al sobredimensionamiento del personal administrativo” y sostiene que la provincia mantiene una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país.
De acuerdo con la norma, la supresión alcanza a niveles jerárquicos y no implica la desaparición de funciones. Las áreas continuarán operando bajo una estructura más concentrada, con menor estratificación en la cadena de mando.
Impacto institucional
Desde el punto de vista administrativo, la reforma reduce escalones intermedios en la toma de decisiones y concentra la responsabilidad política y funcional en las Unidades Superiores de cada ministerio o secretaría. El proceso de adecuación deberá completarse en un plazo de tres meses.
El decreto lleva las firmas del gobernador y de los ministros de Coordinación General de Gabinete y de Hacienda, y marca el inicio de un rediseño estructural que modifica la arquitectura interna del Estado provincial sin alterar la Ley de Ministerios vigente.
